Soborno informático

EL DESCUBRIMIENTO de una red ilegal de venta de datos informatizados ha puesto a los ciudadanos ante una realidad de cuya existencia se sospechaba, pero que apenas había suscitado -excepto en una minoría- inquietudes. No puede decirse que España sea un país especialmente sensibilizado ante las intromisiones en la vida personal por parte de los poderes públicos o de grupos privados. Ello es también cierto por lo que se refiere a la informática, cuya potencialidad invasora de la intimidad ha alertado desde hace años a otras sociedades más experimentadas en el disfrute de la libertad y más exigentes en ese terreno. El debate sobre la Ley de Protección de Datos, actualmente en el Parlamento, ha sido seguida con mayoritaria indiferencia, pero es posible que el escándalo ahora desvelado ilustre con motivos de la vida real los argumentos de quienes vienen tratando de alertar a la sociedad española sobre lo que se juega en ese debate.Las personas detenidas se aprovecharon del vacío legal existente para organizar un negocio de venta de soportes magnéticos conteniendo datos personales de más de 20 millones de españoles, a empresas de publicidad. Esos datos, procedentes del censo y de los archivos informáticos de diversos organismos públicos -incluida la Seguridad Social- permitían, conveniente ' mente cruzados, seleccionar segmentos de la población con. determinadas características.

Ello explica cierta correspondencia que se recibe en muchos hogares españoles con ofertas comerciales personalizadas, incluyendo a veces datos que creíamos reservados. De hecho, el asunto se desvelé porque a un ciudadano le llamó la atención recibir una carta comercial en la que figuraba su segundo nombre, que él no utilizaba. jamás.

Las asociaciones que vienen alertando sobre los peligros de un despliegue incontrolado de la capacidad invasora de la informática han llamado la atención sobre la hipótesis de que un día puedan cruzarse datos como los relativos a la salud -y mañana, al código genético-, los antecedentes policiales o judiciales, características étnicas, situación familiar, posición económica. El resultado sería que instituciones públicas (o las privadas que las comprasen) dispondrían -de todo tipo de información privada de unos ciudadanos que ignorarían quién y para qué controla esos datos. Sus efectos sobre el mercado de trabajo -aplicación de criterios discriminatorios por razones de raza, creencias, etcétera- o sobre otros aspectos de la vida social podrían ser extremadamente perversos.

La proyectada ley trata de adelantarse a tales abusos, pero tanto la oposición corno entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos han denunciado la tardanza en su elaboración, las limitaciones del proyecto, y especialmente la asimetría con que son contemplados los eventuales abusos de empresas privadas y los de las entidades públicas. El caso de la red ahora descubierta indica la relación que puede establecerse entre ambos niveles: el origen de los datos está en determinados ficheros de la Administración -por lo que ésta es responsable-, y hay varios funcionanos investigados bajo la sospecha de haber vendido el soporte informático -fácil de reproducir- de esos datos. De hecho, una de las acusaciones contra la persona considerada, responsable máximo de la red, propietario de una empresa de publicidad, es la de cohecho: haber sobornado a funcionarios públicos.