La Casa de la Cultura de Torrelodones es de propiedad particular

La Casa de la Cultura de Torrelodones es de propiedad privada, según se desprende de la letra pequeña de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Torrelodones y los propietarios de al menos dos fincas de sta localidad, uno de ellos Luis Felipe de Mollinedo. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid aportaron los 500 millones que costó el edificio. Según el concejal de Cultura y Hacienda, Carlos Amell Perales, el valor actual del edificio, inaugurado hace cinco años, sobrepasa los 1.000 millones de pesetas.El problema surge de un convenio firmado en 1985 entre el Ayuntamiento y los propietarios del solar donde se ubica la Casa de la Cultura y de la finca rústica El Enebrillo, de 45 hectáreas. El documento permite la construcción de 220 chalés en El Enebrillo a cambio de la cesión, por parte de los mismos propietarios, de la parcela de 2.000 metros cuadrados, ubicada en el casco urbano, donde se ha construido la Casa de la Cultura.

Una de las cláusulas del convenio por el que se autorizan las obras señala: "Todas las obras realizadas al amparo de la autorización anterior quedarán a beneficio de la actual, propiedad, de no realizarse la transmisión de la mencionada finca en los términos acordados, no teniendo, por tanto, nada que reclamar ese Ayuntamiento". De hecho, la transmisión quedó paralizada al impugnar el convenio la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional anuló el acuerdo al prosperar el recurso contra el mismo de un grupo ecologista.

Mientras tanto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha permitido la construcción de 220 chalés en El Enebrillo. El grupo ecologista Aedenat ha presentado un recurso contra esta sentencia en la Sala número 2 de lo Contencioso Administrativo, mientras que la Agencia de Medio Ambiente (AMA) ha puesto el grito en el cielo al conocer el fallo, al considerar la zona de "un extraordinario valor ecológico". El director de AMA, Luis Maestre, ha anunciado que estudia fórmulas para evitar que la finca se urbanice y que se tomarán medidas para protegerla antes de que el Supremo decida.