El fiscal de Andalucía pide archivar la causa contra los aforados por el uso del despacho por Juan Guerra

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, ha emitido un informe en el que solicita a la sala de lo Civil y lo Penal de dicho tribunal que archive las diligencias abiertas contra los aforados Leocadio Marín y Tomás Azorín y contra el ex secretario del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, Rafael Delgado, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, llamados a declarar para la próxima semana en calidad de imputados de los delitos de malversación y prevaricación en relación al caso Juan Guerra.El fiscal cree que dichas personas no han incurrido en responsabilidad criminal por el uso presuntamente delictivo del despacho por Juan Guerra, por lo que insta al TSJA a que concluya sus actuaciones y devuelva las diligencias al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que continúe la investigación sobre el resto de implicados.

Según Portero, su dictamen se apoya en el "profundo y detenido estudio" de las pruebas periciales practicadas y en los dictámenes de las fiscalías de Sevilla y del Tribunal Supremo, cuyas conclusiones establecen que no hay elementos suficientes para considerar que los aforados delinquieran en relación al uso del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Doble estudio

El estudio de Portero distingue entre la decisión de crear el despacho para fines oficiales, y las actividades que Juan Guerra desarrolló en él. Según sus conclusiones, los testimonios aportados son "suficientemente claros" y no son necesarias nuevas actuaciones.

Portero sostiene que los imputados por el TSJA desconocían las actividades supuestamente ilegales de Juan Guerra, por lo que no colaboraron con él ni lo encubrieron. Ese desconocimiento habría impedido, según esta tesis, que hubiesen incurrido en el delito de malversación de fondos públicos. La sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, que resolverá el recurso de queja planteado por el defensor de los altos cargos, Alfonso Martínez del Hoyo, y a la que no vincula el informe de Portero, podría resolver el asunto el lunes.

El juez Ángel Márquez se mostró ayer sorprendido por la noticia. "No tengo ni idea. No sé en qué se fundamenta y por eso no me puedo pronunciar. Lo que resuelva el tribunal me parecerá bien", informa Juan Méndez.

Manuel Fernández del Pozo, abogado de IU, en el caso, dijo que la decisión de Luis Portero "es coherente con la tesis que ha mantenido hasta ahora la fiscalía, en cuanto a exculpar a los cargos políticos". "Se trata de situar un abuso de Juan Guerra desvirtuándose el origen de nuestra imputación: que un particular al servicio de un particular pueda usufructuar una oficina pública para usos privados. Y ese abuso es prevaricación", añadió Fernández del Pozo.

Al letrado del Partido Andalucista, Manuel Fernández Ochavo, le sorprendió la noticia mientras asistía a una declaración del caso que practicaba el juez Márquez. Ochavo se preguntó: "No se qué motivos tendrá ahora el fiscal para pedir el archivo después de practicada la citación. Habrá que estudiarlo, pero no sabemos el por qué de este cambio de actitud del ministerio fiscal". Felipe Alcaraz, responsable de IU en Andalucía, que el archivo de las diligencias es "una ofensiva orquestada" por el PSOE y el ministerio fiscal, informa Efe.

El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, comentó que en sus informes ya había descartado la comisión de un delito de malversación por parte de los responsables del despacho de Juan Guerra, tesis que utiliza ahora Portero. Carlos Sanjuan, secretario de los socialistas andaluces, se alegró de que su visión jurídica del caso "coincida plenamente" con la de Luis Portero.