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Las competencias educativas y Ceuta y Melilla bloquean el pacto autonómico

Anabel Díez

El Gobierno y la oposición han sido incapaces de terminar, antes de que acabara el año como estaba previsto, las conversaciones para alcanzar el llamado pacto de Estado autonómico por las discrepancias en tres aspectos: transferencias de Educación, estatutos de Ceuta y Melilla y el alcance de lo que el Gobierno llama "cooperación". El PP pone el énfasis de sus diferencias en dichos asuntos, mientras que IU y CDS piden además reformas de estatutos.

Mientras el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, se ha estado reuniendo hasta la pasada semana con los líderes de la oposición, los dirigentes socialistas han hecho lo mismo con sus propios presidentes autonómicos. Tampoco en estas reuniones ha habido acuerdo final respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. El responsable del área institucional del PSOE, Abel Caballero, y el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, presidieron estas reuniones los pasados días 8, 16 y 19 de diciembre.En esta ocasión la dirección del PSOE, representada aquí por Caballero, se ha puesto al lado del Gobierno frente al desacuerdo manifestado por los dirigentes regionales de Extremadura, Canarias y Murcia respecto a la redistribución del dinero que enunció Zabalza. Los socialistas se han citado para antes del próximo 10 de enero para intentar el acuerdo definitivo.

En las mismas fechas el ministro Juan Manuel Eguiagaray volverá a convocar a la oposición para seguir desbrozando todos los elementos que compondrán el pacto autonómico y sobre el que ya todos reconocen que se ha avanzado sustancialmente, si bien no han sido capaces de cerrarlo antes de que acabara el año como estaba previsto.

El ministro se reunió hace una semana con el dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy; y con el secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó. La última conversación fue el pasado viernes con los dirigentes de Izquierda Unida Nicolás Sartorius y Juan Berga. Todas estas entrevistas se han celebrado sin publicidad y así continuarán durante el mes de enero hasta que en febrero "con el marco ya bastante cerrado", según información gubernamental, se abran las conversaciones oficialmente.

Educación y sanidad

La asunción por parte de las comunidades de 33 nuevas competencias no ofrece ya ninguna dificultad sino que son educación y sanidad las piedras en las que chocan Gobierno y oposición."El Gobierno está racaneando en la concesión de competencias educativas", decía un dirigente del PP mientras que el ministro Eguiagaray no niega la asunción de dicha competencia, pero "gradualmente", ya que hay que tener en cuenta la reforma educativa en, marcha. El CDS e Izquierda Unida tienen una posición menos belicosa al estar convencidos de que el Gobierno se comprometerá a establecer exactamente los plazos en los que la Educación y la Sanidad serán totalmente transferidos.

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La discrepancia es total en cuanto a la formulación jurídica de Ceuta y Melilla ya que mientras que el PP y el CDS quieren estatutos de autonomía el Gobierno es partidario de una carta de municipalidad. En este asunto Izquierda Unida coincide con el Gobierno.

El mecanismo de "cooperación" entre Gobierno y comunidades autónomas despierta recelos en todos los partidos de la oposición por el énfasis que en ello pone el Ejecutivo.

En el documento del Gobierno se afirma que hasta ahora la cooperación ha sido "claramente insuficiente" y propone la creación de conferencias sectoriales y bilaterales. El Ejecutivo afirma que "debe propiciarse de forma decidida la práctica de los acuerdos, como expresión política con efectos jurídicos". La oposición quiere garantías de que no significa "intromisión".

La reforma de los estatutos es solicitada por el CDS e IU mientras que el PP lo ha "aparcado" para el final de la negociación. El Gobierno insiste en que ahora no habrá reforma, sino que se harán leyes de delegación de competencias.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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