El conflicto laboral de Asturias hace aflorar nuevas contradicciones entre el Gobierno y el PSOE
La decisión del Gobierno de no modificar sus planes respecto al plan de Hunosa está creando tensiones en el Gobierno y en el PSOE; aunque se precisa que, en esta ocasión, no existe "en principio" enfrentamiento, sino "afloración de contradicciones". El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, varios ministros y dos miembros de la ejecutiva del PSOE se reunieron el pasado viernes en el Congreso una vez que concluyó el Consejo de Ministros celebrado en esa sede para analizar la situación, a la que todavía no se ve una solución diferente al plan de Industria. Desde la ejecutiva se sugiere, la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Felipe González, realice un reajuste al estimar "que algunos ministros no están dando el impulso esperado".
Desde la ejecutiva, y en opinión de algunos ministros, se precisa que no hay desacuerdo en el fondo del planteamiento del Ministerio de Industria respecto a Hunosa y se manifiesta una posición favorable "a la estrategia, pero hay que criticar la táctica poco sutil de Claudio Aranzadi". La preocupación de estos interlocutores es que la tensión de la zona contagie a toda la cornisa cantábrica y el Gobierno tenga que enfrentarse a una situación de tensión laboral parecida a la que vivió nada más llegar al poder y emprender reconversiones.La preocupación se extiende sobre todo entre los parlamentarios socialistas de la zona. Uno de estos interlocutores del PSOE se preguntó: "¿Qué votamos los socialistas si Izquierda Unida o el CDS presentan una interpelación y después una moción sobre Hunosa?".
En un análisis político global, la ejecutiva señala que además de Aranzadi se puede ya afirmar que "otros ministros no han dado el impulso que este Gobierno necesitaba" y sugieren que sería un momento adecuado para cambiar a algunos ministros, ya que todavía quedan casi dos años de legislatura. Otro de los ministros citados es Julián García Valverde, ministro de Sanidad, sobre quien se da por segura su salida del Ejecutivo, al tiempo que se subraya su "honestidad" en relación con su práctica de compra de terrenos por Renfe.
José Borrell, ministro de Transportes, recibe críticas desde la ejecutiva y por parte de algunos de sus compañeros de Gabinete por su "carácter individualista", muy alejado de la necesaria "solidaridad entre miembros del Gobierno", en clara referencia a sus declaraciones sobre el caso de Renfe.
La situación de Hunosa está creando más contradicciones que tensiones políticas por el hecho de que un miembro del Gobierno, Luis Martínez Noval, ministro de Trabajo, es a la vez secretario general de los socialistas asturianos y un miembro de la ejecutiva del PSOE, José Ángel Fernández Villa, es el líder de UGT de la minería. Un miembro de la ejecutiva afirmaba ayer que, de momento, Martínez Noval "está actuando como miembro del Gobierno" y Fernández Villa como "sindicalista".
"Salvar la cara"
No obstante, los parlamentarios asturianos socialistas aseguran que su situación política es muy difícil y acusan de "intransigencia" al Ministerio de Industria, que "no se ha movido un milímetro de sus posiciones". Estas fuentes asturianas indican que para "salvar la cara" lo único que desearían es un gesto por parte del Gobierno que de momento no se ha producido. Estas fuentes aseguran que el ministro Martínez Noval está sumamente incómodo, aunque no esperan que haga una declaración en el mismo sentido que el presidente del Principado, Juan Luis Fernández Vigil, ya que si la realizara "tendría que presentar la dimisión al presidente del Gobierno". Fernández Vigil ha acusado al INI de intransigencia.Al término de la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, y cuando ya habían abandonado el Congreso el presidente del Gobierno, Felipe González; la ministra portavoz, Rosa Conde; el ministro de Industria, Claudio Aranzadi; y otros miembros del Gobierno, se celebró una reunión en un despacho del Congreso del vicepresidente, Narcís Serra; los ministros asturianos Luis Martínez Noval (Trabajo) y Matilde Fernández (Asuntos Sociales); José Luis Corcuera (Interior); Virgilio Zapatero (Relaciones don las Cortes); el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas; y el responsable de asuntos económicos y sindicales del PSOE, Francisco Fernández Marugán.
El rostro de los reunidos era de suma gravedad, ya que, según uno de los asistentes, "es el asunto más grave que ahora tienen que afrontar el partido y el Gobierno". Lo cierto es que todavía no se ha producido una petición formal desde el partido al Gobierno para que suavice sus posiciones, sino que tan sólo se insta a crear las condiciones para que sindicatos y Hunosa se sienten en torno a una mesa negociadora.
El contraste de Serra y Guerra
Los miembros de la ejecutiva más afectos al vicesecretario general, Alfonso Guerra, terminan sus comentarios señalando el ya recurrente estribillo de que con éste en el Gobierno "muchos de los problemas actuales no se darían". Estos seguidores de Guerra pronostican que con él la crisis de Hunosa se hubiera llevado de otra manera, ya que "hubiera preparado al partido".Por el contrario, desde un sector del Gobierno se reprocha precisamente a Alfonso Guerra haber parado, año tras año, las medidas que debían poner fin a las pérdidas económicas del sector minero, y ello por razones afectivas con esa región y por rentabilidad electoral.
Estas apelaciones a Guerra colocan implícitamente al vicepresidente Narcís Serra como contraste, aunque se observa en el PSOE una suavización de las referencias al vicepresidente y se le reconoce su interés por limar asperezas. No obstante, sigue coleando el reparo de reconocerle "autoridad moral" para mediar entre partido y Gobierno.
Esos reparos que se dan en la ejecutiva no existen en dirigentes regionales y en presidentes de comunidades autónomas que tienen a Serra como interlocutor habitual. José Bono, presidente de Castilla-La Mancha; Joan Lerma, presidente de la Comunidad Valenciana; y Manuel Chaves, titular de la Junta de Andalucía, son interlocutores habituales del vicepresidente. La cadena de visitas a Moncloa empezó tras el recorte presupuestario que sufrieron las comunidades para hacer ver a Serra las dificultades políticas que tendrían ante los compromisos contraídos hace ocho meses en los comicios autonómicos.
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