"El Estado no debe usar sus privilegios para captar plusvalías"

Pregunta. La compra de terrenos por Renfe ha provocado la creación de una comisión de investigación, pero probablemente requiere también un debate político hasta ahora soslayado. ¿Tiene derecho el Estado a provocar plusvalías para financiar obras o servicios públicos?Respuesta. Formulada así la pregunta la respuesta sería que no. Las entidades públicas deben actuar en el mercado con el mismo escrúpulo y con arreglo al mismo sistema de valores que los demás protagonistas, lo que quiere decir que tampoco deben encontrarse en desventaja. Lo rechazable, no sólo para la Administración, sino respecto a cualquiera, es la utilización de ventajas o privilegios.

P. Pero el Estado cuenta con información privilegiada.

R. En esos casos es cuando resulta más discutible esa actuación. Yo creo que los criterios de gestión de las Administraciones están en evolución muy rápida hacia los que son más propios del sector privado, y, por tanto, es posible que las formas de gestión cada vez se acerquen más a las de un empresario privado.

P. Usted, que ha sido asesor jurídico de empresas privadas, ¿aceptaría llevar la defensa de Renfe o preferiría que no le encargaran el caso?

R. La respuesta como abogado es muy diferente que como político. Mezclar los dos planos es muy delicado. Un abogado no se plantea defender un asunto en función de principios políticos, sino de defender del mejor modo los derechos de su cliente.

P. Varios casos de corruptelas han estado relacionados con una presunta financiación irregular de partidos. ¿Cómo se puede reducir la tentación de que busquen recursos irregulares sin aumentar su financiación pública?

R. Una democracia sana necesita partidos políticos fuertes, lo que no quiere decir ricos, pero sí con medios para preparar y transmitir sus alternativas. Una de las características del mundo contemporáneo es que las sociedades, no sólo los partidos, viven por encima de sus posibilidades. Por tanto, es necesario un reajuste hacia la austeridad. Y desde luego, si es posible, no gravar más las arcas públicas.

P. ¿Es usted partidario de liberalizar las ayudas económicas privadas a los partidos?

R. Posiblemente haya que avanzar en esa dirección, pero con una transparencia total y eliminando las hipocresías. No me repugna la relación entre intereses económicos e intereses políticos, pero tiene que ser transparente. Si un grupo económico se identifica con el programa de un partido y quiere apoyarle económicamente, no tengo inconveniente en que lo haga, pero quiero que eso sea público. Ahora hay gente que presta esa ayuda, pero no quiere que se sepa.

P. ¿Acepta que la oposición pueda crear comisiones de investigación aunque se niegue a ello la mayoría gubernamental?

R. Primero hay que definir la función de esas comisiones en nuestro sistema parlamentario. ¿Son comisiones de investigación del Parlamento? Entonces parece coherente que se exija un acuerdo mayoritario para constituirlas y delimitar su trabajo. ¿Son un instrumento de control del Gobierno por la oposición? Entonces podrían quedar constituidas con una minoría, ¡pero teniendo en cuenta que las consecuencias tendrán que ser decididas por mayoría! Las comisiones de investigación como instrumento de enfrentamiento partidista me parece que tienen poco sentido.

P. ¿Es inevitable dejar sin sanción política comportamientos de diputados que son políticamente reprobables, aunque no constituyan delito?

R. La sanción política de un diputado es la que los electores le imponen al no elegirlo en las siguientes elecciones, o la de su partido al no volver a incluirlo en su lista. No conozco ningún país en que la condición de parlamentario pueda quedar en suspenso, no digo ya suprimida, si no es como consecuencia de sentencia judicial. Si la actuación de un diputado dedicado, por ejemplo, a la administración de su grupo parlamentario o partido es ilegal, tendrá las consecuencias que determinen los tribunales. Si no es ilegal, no tiene por qué tener ninguna repercusión en su condición de diputado.

P. ¿Apoyaría usted una reforma que capacitara al Tribunal de Cuentas para ejecutar sanciones importantes a los partidos, o a sus empresas suministradoras, cuando cometan irregularidades en sus ingresos o gastos?

R. Que diga que sí no sirve de nada, porque todo depende de la extensión que se dé a las infracciones. El problema básico es definir las irregularidades, y hacerlo de forma cuidadosa. Una vez definidas las infracciones, alguien debe estar en condiciones de sancionar las irregularidades.

P. Al elegir la composición del Consejo General del Poder Judicial, aparte de que el Parlamento sea el más legitimado para hacerlo, ¿no cree que los partidos consideran prioritario contar con personas que sean de su confianza?

R. En éste, como en tantos casos, el, problema no es de normas, sino de actitudes. Pero es cierto que hay que trabajar para que todos los vocales o consejeros de altas instituciones cuenten con la confianza y el apoyo, no de un partido, sino de un amplio espectro parlamentario, como exigen las leyes para nombrarlos; porque es verdad que esto se desvirtúa un poco al repartirse los partidos cuotas de consejeros. Esto ha entorpecido en ocasiones el funcionamiento de altas instituciones.

P. ¿La asunción de competencias legislativas por la CE, que ya aprueba el 60% de las normas aplicables en España, exige reforzar la labor de las Cortes de control del Gobierno?

R. Sí empieza a preocupar que la comunitarización creciente de materias implique que los Parlamentos nacionales no pueden legislar sobre esas materias, mientras que no está claro el control que se ejerce sobre el uso de esas competencias por las instancias comunitarias. Lo que los Parlamentos nacionales sí deben hacer, y no hay dejación de responsabilidades en nuestro caso, es un seguimiento permanente del comportamiento del Gobierno en su labor como legislador comunitario.

P. ¿Le preocupa que algunos diputados, entre ellos dirigentes de su partido y otros de la oposición, hayan faltado al 80% de las votaciones en este año?

R. Me preocuparía si fuesen muchos. No son muchos. La media de participantes en las votaciones es de 260 diputados [de un total de 350].

P. ¿Le parece acertado que el presidente del Gobierno no protagonizara, contra la petición unánime de la oposición, el debate sobre la drogadicción, cuando ese problema era el que más preocupaba a los españoles?

R. Si cada vez que hay un tema importante el ministro de ese área tuviese que quedar marginado y protagonizar el debate el presidente, habríamos creado un sistema muy peculiar. Lo que hay que encontrar es un modelo estable de relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. No se pueden consumir tantas energías sobre quién protagoniza un debate, sobre quién ha hablado y quién no.

P. ¿La reforma del reglamento del Congreso, que se empieza a estudiar, comprometerá al presidente del Gobierno a responder semanalmente las preguntas de dirigentes de las oposición?

R. Si prosperase una fórmula de esas características, que ahora está sobre la mesa, sería el cambio más importante del modelo de vida parlamentaria desde 1977. También es verdad que hay hábitos que no nacen de normas, sino de iniciativas, en general del Gobierno, como el debate sobre el estado de la nación.

Otra modalidad podría consistir en una intervención limitada del presidente del Gobierno en un debate en el que llevarían el mayor peso el ministro o ministros afectados por la materia debatida. Vamos a intentar también que el Gobierno pueda realizar una declaración política de fondo sobre cualquier acontecimiento importante recién ocurrido, que lo haga en cinco minutos y que los grupos se pronuncien en un tiempo parecido, sin generar debates de cinco horas.

En cualquier caso, la reforma del reglamento debe ajustarse a un equilibrio y coherencia. Si se coge la mejor pieza de cada uno de los 10 mejores coches del mundo, nada garantiza que resulte el mejor coche del mundo.

P. ¿Cuesta mucho tranquilizar al ministro del Interior cuando se le acaba de denegar que vuelva a hablar en el pleno?

R. El ministro del Interior es una persona que tiene un carácter fuerte y, como suele ocurrir con ese tipo de personas, tiene un corazón de oro y un carácter que se suaviza con la misma facilidad con que se inflama. Al final, esas personas suelen ser entrañables.