Judicialización

SE QUEJA el presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, al hilo de la solicitud del Supremo para que acredite su condición de diputado, de una excesiva judicialización de la vida política española. Pons sale así al paso de la denuncia de tres ciudadanos contra la votación que dio luz verde, el pasado 25 de abril, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que extendió a los parlamentarios el privilegio de declarar por escrito ante los jueces.Aquel trámite resultó harto polémico, no sólo por el contenido de la ley que se votaba, sino por el acto mismo de la votación: el diputado socialista José María Benegas votó desde el escaño de su compañero de partido Francisco Arnau, que se encontraba en aquellas fechas de viaje en Libia, y dos de los votos emitidos como negativos por diputados del PP se reflejaron en el registro electrónico como afirmativo uno y como abstención el otro.

El diagnóstico global que hace el presidente del Congreso tiene consistencia, pero no precisamente .en relación con el caso concreto que lo motiva. El recurso torticero a los tribunales, con fines absolutamente ajenos a los de la justicia, es un mal que, desgraciadamente, cabe imputar a algunos ciudadanos. Pero también caen en él los poderes públicos, demasiado propensos a veces a poner en manos de los jueces, conflictos sociales e incluso políticos que a ellos sólo corresponde resolver. El exceso de judicialización denunciado no se debería, pues, tanto al poder tutelador de los jueces y al control de legalidad que la Constitución les encomienda -funciones esenciales al Estado de derecho- como al mal uso, en ocasiones incluso fraudulento, que algunos hacen de los mecanismos legales que activan tales funciones.

Para corregir esta situación, nada beneficiosa para la justicia y causante de un perjuicio evidente para las personas afectadas, el presidente del Congreso propone que se arbitren medidas que imposibiliten las denuncias infundadas o maliciosas. La propuesta es atendible a condición de que no se coarte la iniciativa ciudadana en defensa de la legalidad -a veces preterida por las instancias que tienen encomendada institucionalmente esta tarea- y de que tales medidas se contemplen como garantías de todos los ciudadanos y no como un privilegio procesal más de los estamentos político e institucional.

El caso concreto que ha motivado la queja del presidente del Congreso hace sospechar que su propuesta busca más la impunidad de los actos del poder legislativo frente al control de legalidad por parte de los jueces que la resolución de un problema real que puede afectar a la generalidad de los españoles. La acusación de falsedad presentada por tres ciudadanos contra la votación parlamentaria del 25 de abril no es "una nimiedad", como afirma el presidente del Congreso.

Delictiva o no, tal votación constituyó, al menos, un espectáculo bochornoso, del que el Parlamento debe dar cuenta en virtud de su sometimiento, como el resto de los poderes públicos, "a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".