Hacienda reclama a las empresas aceiteras 2.000 millones de retrasos del IVA

El Ministerio de Hacienda ha reclamado a las empresas envasadoras de aceite de oliva una cifra cercana a los 2.000 millones de pesetas en concepto del IVA que, en opinión de la Administración, deberían haber pagado durante el último año tras la aplicación para España de la ayuda comunitaria al consumo, que fue de 57 pesetas por litro.

En algunas provincias andaluzas como Jaén y Córdoba, los inspectores de Hacienda ya han comenzado a levantar actas por el IVA no pagado, correspondiente al último ano.Las empresas aceiteras rechazan este pago y consideran que no están obligadas a realizar dicho ingreso que podría suponer solamente para Koipe y Elosúa el abono de. casi 1.000 millones de pesetas con el correspondiente quebranto en la cuenta de resultados. Los Ministerios de Economía y Agricultura tienen previstas conversaciones en los próximos días con el fin de llegar a un compromiso.

Desde diciembre del pasado año, la Comunidad Europea inició el pago a las empresas españolas envasadoras de aceite de oliva de una ayuda de 57 pesetas por litro para facilitar su competitividad en el mercado frente al resto de los aceites. Esta ayuda ha supuesto para el sector industrial que opera en el aceite de oliva unas ayudas de casi 30.000 millones de pesetas, cantidad sobre la que los industriales no repercutieron en su día el 6% de IVA y que habría supuesto casi 2.000 millones de pesetas.

Durante los últimos meses, Hacienda ha requerido el pago del IVA correspondiente a esas ayudas, pretensión que ha sido rechazada por el sector.

Según fuentes de la Asociación de Envasadores de Aceites Comestibles, si Hacienda llevase adelante sus pretensiones, significaría que España sería el único país de la CE en el que las empresas aceiteras pagan el IVA correspondiente a esta ayuda comunitaria. El IVA por este concepto solamente se paga en Francia, pero es una cantidad que es aportada por el organismo de intervención francés con cargo a las arcas comunitarias. Para el caso español, los industriales pretenden que Hacienda renuncie a cobrar por este concepto o que, en el peor de los casos, se trate de una cantidad que se abone por el Servicio Nacional de Productos Agrarios como organismo de Intervención.