La red de facturas falsas implicada en otro gran fraude para camuflar plusvalías

Las redes montadas para la falsificación de facturas del IVA han servido también para otro fraude de similares características y de proporciones todavía por descubrir. Consiste en la utilización de empresas fantasma en las que se han residenciado plusvalías en la compraventa de solares. Las mismas empresas que han vendido facturas falsas han actuado como intermediaras en estas operaciones, donde vendedores y compradores de terrenos se han puesto de acuerdo para que una tercera empresa inactiva asuma las plusvalías y nadie tribute por ellas. Por otra parte, el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, envió ayer al Ministerio de Hacienda un oficio donde solicita dos peritos para colaborar en las investigaciones.

El montaje para camuflar plusvalías es muy similar al que conforma la trama de la venta de facturas falsas del IVA. En este último caso, las empresas vendedoras han utilizado a otras sociedades sin actividad aunque con personalidad jurídica, en cuyo nombre emitían facturas que luego eran compradas por otras empresas para canalizar dinero negro.De las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora se desprende que las grandes constructoras y las del sector informático son las principales implicadas en la compra de facturas falsas de IVA. Estas empresas han utilizado las facturas falsas para camuflar las comisiones pagadas en dinero negro a personas influyentes en la adjudicación de obras y en la venta de equipos informáticos.

Fuentes de la investigación han confirmado que en las primeras listas aparecen también empresas públicas que han utilizado a la dirección general del Tesoro como pagadora de los servicios prestados por las vendedoras de facturas falsas. Ello explica la aparición del Tesoro en las listas, extremo que es desconocido por esta dirección general del Ministerio de Economía y Hacienda. Este departamento ha declarado una ley del silencio para todo lo relacionado con este fraude.

Sin embargo, este periódico ha podido saber que el escándalo ha cobrado mayores proporciones al confirmarse los primeros indicios que apuntaban a que los delincuentes no sólo se dedicaban al negocio de las facturas falsas. Además, han actuado como intermediarios en la compra venta de solares, con el fin de facilitar la evasión fiscal de las plusvalías por parte de empresas cuyo buen nombre no se había puesto en duda hasta ahora.

La policía ha llegado a esta conclusión cuando, tras saltar el escándalo, el pasado 22 de noviembre, se produjeron varias detenciones y se encontraron documentos probatorios, especialmente en Málaga. Ello ha permitido detectar nuevas empresas vinculadas a ambos fraudes, además de las 52 iniciales, y también más empresas que han entrado en este juego. Ahora, la policía tiene en sus manos una nueva lista de empresas compradoras de facturas falsas e implicadas en el fraude de las plusvalías, que aumenta sustancialmente el número de las 601 inicialmente descubiertas.

Este segundo fraude, principalmente radicado en Madrid y, en menor medida también en Málaga, Barcelona, Valencia y Murcia, consiste en contactar con un vendedor de terrenos que no está dispuesto a tributar por la plusvalía generada. Si el solar se compró hace tiempo, lo normal es que su valor en escritura sea bajo y en el momento de venderlo, tendría que incluir en su declaración del impuesto de sociedades la plusvalía, que tributaría, de una sola vez, a un tipo del 35%.

Empresas 'fantasma'

Para evitarlo, el vendedor residencia la plusvalía en una empresa que sólo tiene una personalidad jurídica. Es decir, vende teóricamente el terreno esta sociedad fantasma por una cantidad ridícula y es ésta última la que, a su vez, vende el solar al verdadero comprador por la suma real. La plusvalía se queda en la empresa fantasma que, por supuesto, no declara nada y además está ilocalizable para la inspección de Hacienda. Las sociedades fantasma están a nombre de personas que cobran una comisión en compensación por los riesgos asumidos. Las investigaciones demuestran que entre sus responsables son frecuentes las personas con numerosos antecedentes en delitos económicos.La complejidad de ambas operaciones es el motivo de que el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, haya solicitado ayer oficialmente al Ministerio de Hacienda que le proporcione hasta cuatro peritos para que se pongan a sus órdenes. A este acuerdo se llegó el lunes de la pasada semana en la reunión de fiscales, policías e inspectores de Hacienda (que dirige Manuel Bravo), para coordinar las investigaciones.

Además, el juez solicitará a la inspección de Hacienda que, como tal y en su nombre, cite a las empresas compradoras de facturas falsas y a las implicadas en el fraude de las plusvalías, para comprobar su grado de connivencia. Se abrirá una carpeta a cada una de las más de 600 empresas implicadas, donde se aportarán los documentos recabados y las conclusiones para cada caso, que permitirán al juez determinar las posibles responsabilidades penales.

Fuentes de la investigación explican que las empresas pueden optar por regularizar su situación, pero ello no supondría, necesariamente, que queden libres de responsabilidades penales. La vía del delito fiscal está abierta -si adeudan más de cinco millones de pesetas- aunque se haya producido lo que en términos jurídicos se denomina un "arrepentimiento espontáneo".

Existe delito

Ponen el ejemplo de una persona que ha robado y, después, se arrepiente y devuelve el dinero. El delito ha existido y ha causado perjuicios a terceros, en este caso, a la Hacienda pública y al resto de los contribuyentes. El juez encargado del caso puede considerar la regularización como una eximente, pero nada le impide condenar a la empresa por delito fiscal. Pero además, se han podido producir otros delitos como el de estafa y falsedad en documento público. También existe implicación por la compra de unas facturas a sabiendas de que son falsas.Por otra parte, Hacienda informó ayer que, hasta la fecha, se han regularizado 182.872 millones de pesetas, de los cuales, 176.518 millones corresponden a la deuda pública especial y otros 6.354 millones, a las declaraciones complementarias.