Interior anuncia controles "muy rigurosos"

Desde ahora "habrá una política muy rigurosa de control de flujos con objeto de que vengan a España sólo los extranjeros que podamos integrar. Ninguno más", declaró ayer Fernando Puig de la Bellacasa, director general de Política Interior, quien añadió: "No se trata de poner en marcha un endurecimiento de las medidas de control, sino de aplicar las leyes existentes".Según Puig de la Bellacasa, ha habido una actitud exquisita de las Fuerzas de Seguridad del Estado para no entorpecer el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno para arreglar la situación de quienes llegaron a nuestro país antes del 15 de mayo. Pero ahora, los extranjeros que sean sorprendidos en situación ilegal, serán sometidos a un proceso de expulsión.

"Una pretendida política humanística posibilita la explotación de los emigrantes por parte de empresarios sin escrúpulos y rompe el equilibrio del mercado laboral en España" sostiene el director de Política Interior, quien cree que obtendrán sus regularización entre el 90 y el 95% de los 120.000 que lo han solicitado. A los que la Administración deniegue la legalización de su situación, se les dará un plazo para que recurran tal decisión, pero deberán abandonar España si nuevamente se les responde negativamente.

El Ministerio del Interior estima que en 1992 habrá en nuestro territorio 600.000 extranjeros, comprendiendo en esta cifra tanto a los que están legalmente como a los que no lo están. Fuentes policiales han avanzado que se está tratando de crear un sistema adecuado para "hacer un seguimiento más estricto de los extranjeros".