Papeles en regla
DE LOS 600.000 extranjeros que se calcula que viven de manera permanente en España, cerca de la mitad se encontraban en situación ilegal cuando, en junio pasado, se estableció un plazo para que quienes lo desearan regularizasen su situación. Ese plazo finaliza mañana. Hasta el pasado sábado, 110.000 personas se habían acogido a esa posibilidad.Ninguna ley podrá evitar los movimientos migratorios que van a producirse en este final de siglo en dirección a Europa occidental. Pero, contra la opinión irresponsable de algunos, la experiencia indica que no es eliminando todo control como mejor se defenderán los intereses y derechos de los inmigrantes actuales o futuros. Las leyes de inmigración deben inspirarse en sentimientos humanitarios y aplicarse con flexibilidad, pero son necesarias. Lo contrario es apostar por la no integración: por el enquistamiento de guetos de marginación y delincuencia.
En España, el número de trabajadores extranjeros es muy inferior al de los principales países de la CE: el 0,7% de la población asalariada. Y si el desempleo es entre nosotros muy superior a la media comunitaria, también es cierto que siguen existiendo trabajos sin cubrir. Es posible entonces una política que intente aproximar las aspiraciones de los inmigrantes potenciales y la capacidad de absorción de la sociedad española. La aplicación de una política racional de inmigración exigía una especie de amnistía para la bolsa de clandestinos que había ido formándose por causas diversas. Es lo que se ha hecho. Es evidente que tal posibilidad no puede permanecer indefinidamente abierta. Pero el proceso de estos meses ha revelado algunas de las contradicciones de la actual política de inmigración (en relación a los contratos temporales de trabajo, familiares impedidos para trabajar, etcétera). Su aplicación deberá hacerse con la flexibilidad necesaria para responder a esas situaciones.
