El anticomunismo entrega las armas en Colombia

Integrantes de los grupos que durante 11 años llevaron a cabo la más violenta campaña contra todo lo que significara comunismo empezaron la pasada semana a llegar a Puerto Boyacá, la llamada capital de la antisubversión, para entregarse a un juez de orden público enviado especialmente a esa conflictiva y tumultuosa población de la rica zona del Magdalena Medio.

En actos rápidos y sencillos, los paramilitares entregaron sus armas y confesaron dos delitos: porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Las armas entregadas, de cañones a granadas pasando por revólveres y fusiles de asalto, sumaban más de 300. "Después de esta decisión, ahora corresponde a la guerrilla responder", dicen los responsables de estos grupos, y lo mismo piensan los habitantes de Puerto Boyacá.Los responsables de estos grupos niegan los vínculos con los narcotraficantes y con las matanzas de campesinos que se les han atribuido.

El Gobierno se siente optimista. Cree que esta desmovilización de las autodefensas del Magdalena Medio es un gran paso hacia el desarme del país. Pero de momento no ha habido un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que exige, para continuar el diálogo, el desmantelamiento de estos grupos paramilitares en todo el país.

Una larga negociación

Esta desmovilización, a la que se espera se sumen más de 500 paramilitares, es el resultado de un largo proceso de negociación en el que jugó un papel decisivo uno de los movimientos guerrilleros.Hace casi dos años, en Puerto Boyacá se realizó una reunión por la paz. Allí, delante de los delegados del recién desmovilizado M-19, de políticos que abiertamente auspiciaban autodefensas en distintas regiones del país y de delegados de la Iglesia, los jefes paramilitares manifestaron que su deseo era entregar las armas.

Dijeron también entonces que no aceptaban que se les tratara como a delincuentes: ellos pedían una negociación de tipo político. El Gobierno se negó y les ofreció los mismos beneficios que a los narcotraficantes: reducción de penas a cambio de la confesión de delitos.

Este forcejeo, en el cual nadie cedió, se resolvió finalmente el pasado 4 de octubre cuando el llamado Congresito (ente legislativo que funcionó desde la clausura de la Asamblea Nacional constituyente hasta la instalación hace unos días del nuevo Congreso) aprobó una norma que concede el beneficio de excarcelación a quienes confiesen porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Las gentes de Puerto Boyacá hablan estos días con confianza del futuro, después de años en que esta población fue señalada como la capital antisubversiva de Colombia: allí, se dijo, funcionaron las más sanguinarias escuelas de sicarios.

En la avenida central del puerto queda el monumento al promotor de las autodefensas, una estatua de Pablo Emilio Guarín, asesinado en 1987. Grabada en una placa se puede leer una de sus frases preferidas: "Si a la vera del camino hallaran mi cadáver, no lo recojan: déjenlo para que los buitres de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] lo devoren. Recojan mis ideas y mis banderas y sigan adelante".