Tercera conexión entre el fraude del IVA y la compra de terrenos de Renfe en Madrid

EL PAÍS Las investigaciones sobre el fraude del IVA han detectado un tercer cruce entre las empresas que presuntamente emitían facturas falsas y la compra de terrenos de Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes cuando el actual ministro de Sanidad, Julián García Valverde, era presidente de la compañía pública. Toher, empresa que vendió a Renfe dos de las nueve parcelas que adquirió en San Sebastián de los Reyes, es una de las sociedades que está siendo inspeccionada, según fuentes de la investigación.

Toher vendió a Equidesa -filial de Renfe al 100% - dos terrenos en San Sebastián de los Reyes por valor de 279,2 millones de pesetas, cuando habían sido adquiridas el mismo mes (mayo de 1990) por tan sólo 67,7 millones de pesetas.Las anteriores vinculaciones entre la operación de Renfe y el fraude del IVA se centraban en dos compañías: Malagueña de Obras y Proyectos (Maopsa) y Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM). Maopsa, empresa con domicilio en Málaga, también intervino en dos de las operaciones de Renfe. En la primera, Maopsa vendió un terreno por 101 millones de pesetas en febrero de 1990, tras haberlo adquirido el mismo mes por 59 millones. En la segunda intervención, Maopsa no vendió directamente a la empresa pública, sino a Berkeley -empresa domiciliada en las islas Vírgenes- Maopsa, en esta ocasión, compró por un millón de pesetas y vendió por ocho.

El presidente de Maopsa, Fernando Sánchez Arlandi, fue detenido la semana pasada en Málaga tras entregarse a la policía. Posteriormente fue trasladado a Madrid, donde prestó declaración, acompañada de tres cajas que contenían unos 300 documentos. Ayer fue puesto en libertad sin fianza. Esta información se complementa con los cuatro discos entregados por José Antonio Cardós -uno de los implicados en el fraude del IVA que permanecen en la cárcel- al juez Miguel Moreiras, encargado del caso. Fuentes de la investigación señalan que el juez se entrevistó el sábado pasado con otro de los implicados, Carlos de Juan Villa, que se encuentra en la cárcel.

Implicación de CEM

La implicación de CEM es más complicada. Esta empresa alquiló seis de los nueve terrenos comprados posteriormente por Renfe meses antes de que la empresa pública los adquiriera. CEM recibió, en concepto de compensación por los arrendamientos, un total de 400 millones de pesetas, desembolsados, directa o indirectamente, por Renfe. Los responsables de CEM eran José Antonio Cardós y Carlos de Juan Villa.

Por otra parte, un nuevo fraude del IVA que ronda los 1.000 millones de pesetas ha sido descubierto por la Hacienda Foral alavesa, 15 días después de hacer público otro fraude. El Diputado foral, Roberto San Ildefonso, explicó ayer que el nuevo fraude tiene la peculiaridad de que las empresas compradoras tienen el domicilio fiscal fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El máximo dirigente de la hacienda alavesa ha puesto en marcha una operación de coordinación entre los departamentos recaudadores de Navarra, Guipuzcoa, Vizcaya, Álava y Madrid, con el objetivo de desmontar toda la red de producción y compra de facturas falsas de IVA.

Por otra parte, las investigaciones apuntan a nuevas empresas presuntamente implicadas en el fraude. Fuentes de la investigación señalan a la Caja de Madrid, Construcciones y Contratas, Cementos Portland, Prima Inmobiliaria, Técnicas Informáticas y Telefónica.

Telefónica desmintió ayer categóricamente que haya participado en la compra de facturas falsas para defraudar el pago del IVA. Fuentes de Telefónica afirmaron que eso es tan ridículo como pensar que "el Estado vaya a engañar al Estado". Además, añadieron las mismas fuentes", "hasta 1988 Telefónica pagaba al Estado con un canon sobre facturas, por lo que no entraba en el sistema general fiscal". Prima Inmobiliaria también ha negado cualquier implicación en la compra de facturas falsas. "No hemos comprado ninguna factura", aseguraron fuentes de la inmobiliaria de KIO. Lo que sí es cierto, añadieron, es que han "expedido facturas -en las que constaba el IVA correspondiente- contra la prestación de servicios". Construcciones y Contratas declinó hacer comentarios al respecto. "La afirmación no tiene consistencia", afirmaron fuentes de la compañía. Los intentos realizados para recabar la opinión de Caja de Madrid, Portland y Técnicas informáticas fueron infructuosos.