Diccionario para la cumbre de Maastricht

La respuesta a todas estas preguntas, y a muchas más, se obtendrá en la reunión que celebrarán dentro de ocho días los jefes de Estado y de Gobierno de los doce países miembros de la Comunidad Económica Europea.Aunque se suprima el párrafo que habla de la "vocación federal" de la CE -lo que exige Gran Bretaña y seguramente obtendrá- lo cierto es que la cumbre de Maastricht va a marcar un punto de no retorno en la construcción unitaria de Europa: 340 millones de personas -de momento, porque otros países han solicitado ya la adhesión- verán reglamentadas sus vidas por unos únicos organismos y de acuerdo con unas únicas reglas.

Serprendentemente, los cambios y "transferencias de soberanía" que afectan a las vidas de todos los ciudadanos, se van a efectuar en medio de la apatía de las opiniones públicas que, salvo contadas excepciones, ignoran completamente qué han decidido sus dirigentes políticos. La ignorancia y el desinterés y la voluntad de los líderes europeos de trabajar "desde arriba", ha llevado a numerosas personalidades a denunciar, sin gran éxito, el "déficit democrático" y el desprestigio para la democracia que conlleva todo este proceso.

No todo está, sin embargo, completamente decidido: la discusión entre jefes de Gobierno en Maastricht será dura, aunque ya se vislumbran soluciones para algunos problemas. Lo único que continúa completamente bloqueado es la llamada "política social". Los Doce se ponen de acuerdo fácilmente para decidir cómo manejar la economía e incluso son capaces de fijar normas de política exterior 3 de defensa, pero pelean a muerte cuando se trata de los derechos laborales.

Los líderes europeos, por mucho que se esfuercen en ocultarlo, están convencidos de que en un futuro próximo habrá graves problemas en la ex Unión Soviética. Tiemblan incluso ante la posibilidad de que se dispersen las armas nucleares soviéticas.

Saben también que tienen que abrir las puertas de la CE a nuevos socios, (Austria, Suecia o, incluso, países del Este, como Checoslovaquia o Polonia). Y no ignoran que su bienestar económico depende de su habilidad para competir con otras potencias, de conquistar nuevos mercados, y de garantizar la estabilidad política en sus fronteras.

Hacer frente a todo eso, es casi imposible con las actuales reglas de la CE. Hoy en día un país puede apoyar a Croacia y otro, a Serbia; o aumentar y disminuir su déficit público a voluntad. La Comisión puede subir indefinidamente el número de sus miembros (¿30, 50 comisarios?) y no es posible decidir casi nada salvo con unanimidad.

Todos son conscientes de que necesitan cambiar, modificar a fondo el Tratado de Roma por el que crearon la antigua Comunidad. De nada sirve ignorar el nuevo mapa europeo, el poderío de Japón o el enorme peso de la reunificada Alemania, con el apoyo que obtendrá además gracias a las nuevas adhesiones. El propio canciller alemán, Helmut KohI, remacha: "Esta es una ocasión única. Si no somos capaces de dar un paso adelante en Maastricht, la Historia nos lo reprochará".

El problema no es ya dar el paso o quedarse quieto, sino el alcance del movimiento: descartados los kilómetros (la estructura federal), queda por decidir si serán centímetros o metros. Para eso precisamente se reunen en Maastricht.

Las reformas y novedades que se discutirán en la cumbre de los Doce se pueden dividir en 3 áreas, las que contiene el Tratado hacia la Unión Europea:

1) Modificación del actual Tratado de Roma, con las reglas por las que determinadas materias (las que se decidan en la cumbre, pero que en cualquier caso incluyen la política económica y monetaria) funcionarán de manera unitaria y con voto por mayoría. El borrador actual incluye 20 puntos. Cada país intentará modificarlos para exigir en algunos casos el derecho de veto.

2) Disposiciones que permitan calificar de "acción común" algunos puntos de la política exterior y de seguridad, de forma que lleven a la práctica por mayoría cualificada y

3) Disposiciones que permitan hacer lo mismo en temas de política interior o relacionada con la justicia.

A la vista del borrador de Tratado, los principales puntos conflictivos, por orden de aparición, son los siguientes:

Vocación federal: Las "disposiciones comunes", o el sombrero, que acoge bajo su ala a todo el texto articulado, habla de "proceso gradual hacia una Unión de vocación federal". El primer ministro británico, John Mayor, se ha comprometido a no aceptar esta definición. Las últimas declaraciones de Kohl permiten aventurar que se suprimirá. Londres aceptaría que se hablara de una "comunidad política", pero desea que quede bien claro que hay "poderes nacionales" y "poderes comunitarios" y que no existen pasarelas entre ambos. Al César lo que es del César.

Mecanismos de decisión: Algunos países, como Alemania, quieren reforzar los poderes del Parlamento Europeo. Defienden que la Eurocámara tenga poder de "codecisión", o, como se le llama ahora eufemísticamente, capacidad de usar el procedimiento del artículo 186 (que permite un veto final). El único que se niega abiertamente, aunque tendrá que ceder en parte, es Londres.

Otros países, como España, han hecho un juego más fino, pero igualmente contrario al PE. Consiste en dar la batalla en otro campo: ¿cuando puede vetar el PE?. En todo lo que el Consejo de ministros haya decidido por mayoría, responde Bonn. En ese caso, proponen los críticos, el Consejo no puede decidir por mayoría, sino por unanimidad, en todo lo que resulte molesto para uno de los miembros.

Es posible que Kohl ceda y no haya casi reforzamiento, si existe el compromiso de revisar todo en 1994. En el mejor de los casos, no se habrá resuelto el problema del "déficit democrático".

Política social: Se ha ido convirtiendo en uno de los mayores problemas. El borrador prevé que los ministros puedan aprobar por mayoría propuestas de la Comisión relativas a condiciones del medio de trabajo, igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la información y programas de integración de parados.Por unanimidad se podrían tomar decisiones sobre la protección de los trabajadores (por ejemplo, frente a la rescisión de su contrato laboral), condiciones de trabajo de personas de países terceros y contribuciones financieras para fomentar el empleo. Si se aprueba ese texto, la Comunidad no tendrá nada que decir sobre salarios, pensiones, derechos sindicales o derecho a la huelga, que serán de la exclusiva competencia de cada gobierno. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) se opone con todas sus fuerzas, que, todo sea dicho, son pocas.

Los sindicatos son conscientes de que están de capa caída en casi toda Europa y de que su papel será aún menor con esta estructura. "La Europa del 93 establece los derechos de las empresas, pero no dice absolutamente nada de los derechos de los sindicatos, y eso con 16 millones de parados", se queja la CES.La experiencia muestra que la Comunidad no se ha caracterizado por su sensibilidad en este campo. En diciembre de 1989 aprobó, con la oposición de Margaret Thatcher, una Carta Social Europea que no ha sido jamás puesta en práctica.

Alemania, Francia o Bélgica estiman ahora que se podría hacer un mayor esfuerzo, pero Gran Bretaña sigue oponiéndose radicalmente. España es probablemente el país que mantiene una posición más parecida a la británica, aunque el Gobierno explica que por motivos diferentes: si aumentan los costes laborales, disminuye la competitividad de la economía.

Cohesión económica: España propone, con el apoyo de la Comisión, que se fijen nuevos mecanismos para asegurar que los países más desarrollados ayudan a los menos prósperos. En concreto, se solicita que la CE se financie también con un nuevo "recurso", que sea proporcional a la riqueza relativa; que exista un fondo de convergencia intrestatal y que se modifique la tasa de cofinanciación, de forma que la CE pague un porcentaje mayor que el actual. Alemania, Francia y Gran Bretaña reconocen que el problema existe, pero prefieren una declaración genérica y discutir las modalidades el año próximo.

Lista de temas que se pueden decidir por mayoría: Como ya se ha explicado, dará origen a una fuerte batalla. Además de los temas relativos a medio ambiente y política social, España quiere que se exija también unanimidad para fijar el programa de Investigación, (suelen aprobarse proyectos de alta, tecnología a los que las empresas españolas no tienen acceso) y para los planes de cooperación al desarrollo, porque teme que quede fuera América Latina. Junto con Italia, mantiene también reseñas sobre las "grandes redes de comunicación", que pueden dejar aisladas a determinadas zonas. Es probable que acepte la mayoría cualificada en muchos de estos casos y sobre todo en medio ambiente, donde. existe ya acuerdo a 11, si a cambio obtiene la ansiada "cohesión económica".

Política económica y monetaria: Gran Bretaña pide una cláusula especial que le permita "desengancharse" en 1996 y no sumarse a la moneda única y al Banco Central Europeo. Alemania exige que en todo caso sea una excepción unicamente para Londres. No se ha decidido aún cuantos países (6, 7 u 8) serán necesarios para pasar a esa tercera fase, ni las competencias del Instituto Monetario que funcionará entre 1994 y 1997 y que Bonn quiere reducir al máximo.

Política exterior y de seguridad: Según han pasado los meses se ha ido reduciendo su contenido y hoy parece posible llegar a un acuerdo. El borrador muestra que no forma parte de las "políticas comunitarias", sino que es un mecanismo de cooperación reforzada entre poderes estatales. Aun así introduce novedades. Por ejemplo, los acuerdos de cooperación en política exterior se adoptan hoy día en una absurda reunión que todo el mundo llama "frente a la chimenea", aunque se celebre en agosto. Ahora se acaba con ese fingimiento y se toman las decisiones formalmente en el Consejo.Antes no existía la posibilidad de votar: se tomaban acuerdos "por consenso". En el nuevo texto se habla de "unanimidad" y, sobre todo, se introduce la obligatoriedad de tratar determinados asuntos. Son los llamados temas de "acción común".

La lista de esos temas será motivo de discusión (ver cuadro), pero más aún los pasos que se darán a continuación. Una vez que los jefes de Gobierno fijen esa lista general, los ministros de ,Exteriores podrán decidir las modalidades de aplicación por mayoría cualificada. Gran Bretaña se opone y explica que, en ese caso, una vez aprobado ayudar a Yugoslavia", los ministros podrían decidir, sin unanimidad, enviar tropas.

En cuanto a la cooperación en temas de seguridad y defensa, la mayor polémica se planteará cuando se trate de definir cuales el papel de la Unión Europea Occidental (UEO), un organismo al que no pertenecen algunos países de la CE y que Alemania y Francia desean convertir en el brazo armado de la Comunidad.

Gran Bretaña no quiere que la UEO dependa del Consejo Europeo y propone que se especifique que no actuará nunca en la zona de la OTAN. Londres aceptará probablemente que no se hable de una política europea "compatible" con la aliada sino simplemente de políticas "coherentes" en ambas direcciones.

Cooperación en materia de justicia y política interior: Se convertirá en uno de los puntos de mayor enfrentamiento porque Alemania tiene especial interés en lograr que la política de inmigración quede en manos europeas. Teme una avalancha procedente del Este y sus propias leyes a ese respecto son muy generosas. Una política más restrictiva, aprobada en la CE, podría aplicarse sin mayores acusaciones. España apoya a Alemania pero pide que la exigencia de visado se decida por unanimidad, a causa de América Latina. La batalla se planteará a la hora de hablar de "acciones comunes".