El gobierno pide el consenso político para combatir el consumo de droga, pero rechaza su penalización

El ministro de Sanidad, Julián García Valverde, hizo ayer un reiterado llamamiento al consenso de las fuerzas políticas en torno al problema de la droga durante el debate monográfico celebrado en el Congreso de los Diputados. El ministro recordó la inclusión del consumo público de drogas como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero rechazó su penalización, ya que ello provocaría "una mayor marginalízación de los toxicómanos". En contra de lo anunciado, el presidente del Gobierno, Felipe González, no asistió a la sesión.

El titular de Sanidad insistió en sus advertencias a los grupos parlamentarios. para que eviten convertir la sensibilidad social ante la drogadicción y sus problemas asociados en un arma arrojadiza entre los partidos.El presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar, fue el único portavoz de la oposición que marcó distancias con el Gobierno y puso innumerables peros a la oferta de consenso, que fue recogida con mayor o menor entusiasmo por el resto de la oposición. "No debemos tener ningún miedo, ni siquiera a la discrepancia, porque se trata de uno de los más graves problemas de la sociedad", replicó Aznar a los llamamientos al consenso del ministro. El líder del PP se quejó de la ausencia del jefe del Gobierno porque, dijo, "tenía que haber estado aquí dando cuenta de su gestión y dando la cara".

Previamente, García Valverde había empleado 50 minutos para analizar el grado de aplicación de las recomendaciones de la Comisión Mixta sobre Drogas Congreso-Senado y anunciar algunas propuestas nuevas. El ministro subrayó como objetivo final "la recuperación de los marginados, y la aprobación de medidas viables y respetuosas con los derechos y libertades ciudadanos para conseguirla".

Sin tolerancia

El problema de las drogas debe ser "afrontado sin tolerancias ni inhibiciones", aseguró. Se trata, agregó, de una cuestión "prioritaria para el Gobierno, porque lo es también para la sociedad". García Valverde, que se refirió a los adictos a las drogas como drogodependientes o toxicómanos y eludió términos de matiz despectivo como drogadictos, señaló que el objetivo irrenunciable de la política social y sanitaria debe ser la reinserción.

García Valverde pidió a la sociedad que dé la cara ante el problema y dijo que el Gobierno ya lo está haciendo al ofrecer mayores posibilidades de reinserción al atacar el narcotráfico a todas las escalas, "con escrupuloso respeto a las libertades individuales". Pero es necesario crear una atmósfera social que haga posible la recuperación y la reinserción de los toxicómanos, señaló.

El ministro anunció que el tráfico de drogas quedará tipificado en el nuevo Código penal como un delito gravísimo y que la persecución del narcotráfico podrá llegar al cierre de locales donde se consuman drogas de forma manifiesta.

Según el titular de Sanidad, el año pasado fueron atendidas 2.790 personas en comunidades terapéuticas públicas o concertadas, y 5.500 en centros de día. En total, unos 35.000 toxicómanos reciben tratamiento. Los grupos de la oposición, excepto el PP, acogieron favorablemente la demanda de consenso lanzada por el Gobierno.

Aznar descartó la utilización del problema como arma arrojadiza, pero dijo que no se puede excluir la crítica y acusó a los socialistas de haber buscado, tras su llegada al poder en 1982, aunque afortunadamente las libertades ya estaban consagradas por la Constitución", un plus de libertad en las invitaciones a colocarse, la despenalización del consumo y la distinción entre drogas duras y drogas blandas. Todo eso, según el líder de la oposición, desembocó en "un auténtico paraíso, que han aprovechado los narcotraficantes".

12.000 fallecidos

El PSOE no reaccionó hasta julio de 1985, según Aznar, y hoy España es el único país de Europa, junto con Holanda, donde es legal el consumo de estupefacientes. Como consecuencia, añadió el presidente del PP, el 58% de la población reclusa es drogo dependiente, y en los últimos ocho años han fallecido, según estimaciones a la baja, 12.000 personas por consumo de drogas.

El portavoz de Izquierda Unida, Narcís Vázquez, apoyó lasrecomendaciones preliminares de la comisión mixta e hizo hincapié en la persecución del blanqueo del dinero y en las inversiones inmobiliarias opacas.

Entre otras propuestas, señaló la presencia disuasoria y preventiva de la policía de barrio, acabar con "las redes de corrupción policial, muy minoritarias, que pueden estar conectadas con redes de grandes traficantes" y la extensión de tratamientos "con opiáceos, transitoriamente, a través de dispositivos móviles, con la posibilidad de crear una cartilla del drogodependiente".

El portavoz de CiU, Miquel Roca, exhortó a la Cárnara'a que ofreciera un "mensaje de esperanza a la sociedad". Roca, aunque reconoció que hay partidos proclives- a la penalización del consumo y otros que la rechazan, no dio su punto de vista al respecto sino que se centró en enfatizar las medidas en las que puede haber un acuerdo global, sobre todo, en las terapias y en la prevención. Roca, no obstante, señaló que "sin más dinero para este capítulo en los presupuestos no habrá eficacia".

El portavoz del CDS, Carlos Revilla, no tuvo objeción en mostrar el apoyo de su partido a la distribución de drogas a los toxicómanos con control médico y con receta para evitar de este modo "el quebranto familiar".