Una meta posible con la colaboración de todos

Durante las últimas semanas se han producido en España diversas reacciones ciudadanas contra el pequeño tráfico de drogas y, más concretamente, contra la impunidad del mismo. Dichas reacciones han revestido, unas veces, forma de manifestaciones pacíficas, y otras, por desgracia, han exteriorizado preocupantes signos de violencia que deben ser evitados en todo Estado de derecho.Ello ha originado una fulminante reacción, si bien luego moderada, en algunos sectores de nuestra clase dirigente, que han fijado su atención en lo peligroso de tales conductas, conectándolas en muchos casos con los sentimientos de racismo y xenofobia.

Quizás sería bueno meditar con serenidad sobre un tema que preocupa tanto a los ciudadanos (probablemente el que más), y que está tan en el candelero que hasta el Congreso de los Diputados ha decido ocuparse monográficamente de él.

En primer lugar, debe quedar claro que en un Estado de derecho nadie debe tomar la justicia por su mano, y mucho menos proceder a agresiones colectivas, a linchamientos, conductas en todo caso repudiables, y más cuando muchas veces los agredidos no son sino víctimas; pero si queremos evitar la proliferación de tales procederes, no basta con una descalificación apriorística de los mismos, sino que conviene profundizar en sus causas.

Por lo que respecta a las drogas, hay que decir que es un espectáculo lamentable el comprobar la inmunidad, prácticamente absoluta, con que los pequeños traficantes (que en muchas ocasiones, aunque, no en todas" son también adictos) ejercen su actividad de modo cotidiano. Ello, unido al carácter ilegal de las sustancias con las que trafican, ha convertido a las mismas en un foco de inseguridad ciudadana, y con ello queremos decir que la padecen los ciudadanos y que la padecen continua y habitualmente. Parece claro que la seguridad de los ciudadanos es un presupuesto inexcusable para el ejercicio de la libertad (no sólo libertad para votar, sino también para pasear, para mandar con tranquilidad los niños a la escuela, etcétera). Por ello, es obligación ineludible de los poderes públicos poner fin a esta situación. Si no se hace, cabe presumir (las leyes sociales son casi tan inexorables como las leyes físicas) que alguien, indebidamen te, sustituirá la labor que debieran realizar los poderes públicos.

Visión miope

Entiendo, pues, que, siendo recusables muchas de las manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar estos días, es una visión miope e incluso hipócrita limitarse a la condena de las mismas.

Indagando en sus razones podemos encontrar las vías de solución. Una primera vía, que a mi juicio parte de un cierto reconocimiento impotencia, propone la liberalización de las drogas, de tal modo que al ser lícito su tráfico no incida negativamente en la seguridad ciudadana. En mi criterio particular, esta posición no es acertada, pues, si bien la seguridad ciudadana podría mejorar, quedaría gravemente desatendido el fin de la salud pública.

Cuando en Estados Unidos se abolió la ley seca, el número de alcohólicos, de consumo de alcohol y de enfermedades hepáticas causadas por el mismo se multiplicó por más de tres. Quiere decirse que tenemos experiencia de los efectos que produce la legalización de sustancias que producen adicción. Incluso hoy el alcohol y el tabaco, drogas legales, son las que más víctimas producen y las que más gastos originan a los sistemas de Seguridad Social de los países occidentales.

¿Quiere decirse con ello que por entender mejorar la seguridad ciudadana debemos tolerar que se multiplique (como poco por tres) el número de drogodependientes, que se multiplique (como poco por tres) el número de familias afectadas por esta epidemía moderna? A mi juicio, ello debería ser tan sólo el último recurso. Y digo el último porque antes deben arbitrarse otros que en España no existen, o que son extremadamente insuficientes, y que hace que la inseguridad ciudadana sea en nuestro país mayor que en otros de nuestro entorno. Y no se diga que el número de denuncias es similar o parecido al de otros países, porque lo que sucede es que aquí la gente, hastiada, ha dejado de denunciar los delitos. Esta inseguridad ciu dadana es la última causa de las manifestaciones y no el racismo que, en algún caso, puede haber ido asociado a las mismas. Es cierto que, con independencia del problema de las drogas, en nuestro país ha habido recientemente rechazables manifestaciones de racismo, pero no lo es menos que, en la mayoría de los casos, la actuación de los ciudadanos se ha centrado en el problema de las drogas y que la conexión con el racismo ha sido colateral. En cualquier caso, el racismo, como sentimiento latente en parte de la ciudadanía (que quiere integrarse y rechaza a los marginales), debe ser desterrado; pero ello exige la separación cuidadosa de uno y otro problema.

Impunidad

En mi experiencia eÍn la Fundación de Ayuda contra la Droga dicción he tenido oportunidad de comprobar en numerosas ocasiones la convicción popular de que "el Gobierno está a favor de las drogas". De otro modo, argumentan, no se entiende la impunidad y tranquilidad a la que me refería al principio. Aunque estoy absolutamente convencido de que el Gobierno está en contra de las drogas, lo cierto es que esa convicción existe en las capas populares de nuestra población, y ello porque, aunque el Gobierno está en contra de las drogas, el sistema no funciona. Y da la impresión que esa ineficacia es trasunto de desinterés. El esquema es el:Siguiente: la policía ha detenido, y detiene, en numerosísimas ocasiones a los pequeños traficántes. (25.000, por año, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado), poniéndolos a disposición judicial. Los camellos aparecen ante los jueces (ante quienes comparecen con las garantías constitucionales propias de un Estado de derecho, garantías que no deben desaparecer) y se camuflan de consumidores, Y, mientras el consumo de drogas ilegales sea en nuestro país perfectamente legal, el juez no tiene más remedio que dejarlos en libertad, con lo que queda consagrada la repetida impunidad.

A mi juicio, es esta la razón última por la que debe penalizarse no sólo administrativamente el consumo de drogas ilegales y no sólo el consumo público, pues en este caso también sería posible el camuflaje a que me refiero. Se trata no tanto de perseguir al consumidor final, al drogodependiente, como de reprimir la actividad del traficante, impidiéndole que pueda disfrazarse de víctima (de consumidor) y así eludir la acción de la justicia. Es más, España ha suscrito y ratificado el Convenio de Viena de diciembre de 1988, por el que se obliga a incluir en el ordenamiento penal toda la cadena por la que atraviesan estas sustancias, desde el cultivo y la producción hasta la "tenencia para el consumo". Es verdad que no dice literalmente "consumo", pero la discusión de la diferencia entre tenencia para el consumo y consumo propiamente dicho me parece un discurso bizantino del mismo jaez que el de discutir sobre el sexo de los ángeles.

Si se sanciona todo consumo personal inteligentemente (como hacen otros países) con un abanico de medidas administrativas y penales que permitan distinguir la víctima del verdugo, la enfermedad del ánimo de lucro, la peligrosidad social de la individual, etcétera, podría mejorarse sustancialmente la seguridad ciudadana.

En conclusión:

1. El racismo y la xenofobia son dos peligrosísimos sentimientos que deben ser desarraigados a toda costa en nuestra sociedad, siendo conscientes de que son un sentimiento latente en una g ran parte de la población. Aunque haya habido una cierta conexión, la pura apelación al racismo para descalificarglobalmente la reacción de la ciudadama es, repito, una actitud miope.

2. La seguridad ciudadana es una obligación inexcusable de los poderes públicos, y debemos ser conscientes de que si no la ejercitan ellos, si no cumplen con su obligación, alguien vendrá a suplirlos. Para evitar esto, hay que exigir el cumplimiento por parte de aquéllos.

3. Las drogas, como una de las epidemias más graves que padece nuestra sociedad, deben ser. erradicadas por todos los medios (no sólo los represivos, pero también los represivos), y cuando digo todos los medios me refiero a los asistenciales, a los sanitarios, a los educativos y también a los penales.

Rehabilitación

No hay que olvidar que las drogas son un problema que afecta no solamente a la seguridad ciudadana (aunque lo haga, y muy gravemente), sino que también afecta a otros bienes jurídicos como son la salud pública y privada, el sosiego y la tranquilidad de las familias, etcétera. Por ello, son necesarias, muy necesarias, las otras medidas además de las penales. Me refiero a que hay que continuar en las tareas de rehabilitación y reinserción de los toxicómanos, ampliando los recursos asistenciales, diversificándolos y agilizándolos (para acabar con las, desmesuradas listas de espera) de modo que se incremente el número de drogadictos en tratamiento y disminuya el número de los que están en la calle (que son una amenaza, al menos potencial, para el resto de los ciudadanos). Con ello, entiendo, haremos una sociedad no sólamente más segura, y por ello más libre, sino también una sociedad menos injusta y más solidaria.

Por último, aunque quizás sean las fundamentales, hay que referirse a las medidas preventivas (la prevención, ha reconocido recientemente las Naciones Unidas, es la medida más importante): hay que informar a los ciudadanos; hay que explicarles con claridad cuál es la realidad de las drogas; hay que decirles que es infinitamente menos peligroso un drogadicto en tratamiento que un drogadicto que no lo esté (por ello es absolutamente imprescindible la apertura, con la adquiescencia de los ciudadanos, de más y mejores centros de asistencia y tratamiento); hay que formar a nuestra juventud, devolviéndoles a los valores la importancia y el puesto que deben tener en toda sociedad civilizada; hay que animar a los ciudadanos a que participen en la lucha contra las drogas, en su casa, en su lugar de trabajo y en el resto de sus actividades sociales, hacerlos llegar el convencimiento de que la erradicación de las drogas es una meta que se puede alcanzar, pero que para ello es imprescindible la colaboración de todos.