El Gobierno francés protegerá a los ciudadanos de posibles abusos de la policía y los jueces

Los ministros franceses de Interior y Justicia acaban de presentar una serie de disposiciones legales tendentes a proteger a los ciudadanos de posibles abusos de la policía, y los jueces de instrucción. El presidente François Mitterrand ha dado su bendición a estas iniciativas, cuyo espíritu ha sido resumido así por el ministro del Interior, Philippe Marchand: "No puede garantizarse la seguridad de los ciudadanos creando un clima de inseguridad para sus libertades".

Marchand ha presentado esta semana al Consejo de Ministros francés la denominada Política Gubernamental de Seguridad Interior, una iniciativa del ex ministro del Interior Pierre Joxe rematada por el actual titular de la cartera. Su entrada en la Asamblea Nacional está prevista para la primavera.Una de las grandes novedades anunciadas por Marchand es la creación de un Consejo Superior de la Función Policial. Se trata de un organismo independiente destinado a vigilar de cerca los excesos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus tareas. Un total de 15 magistrados, policías, parlamentarios y representantes de las asociaciones de derechos humanos compondrán esa autoridad encargada de recibir directamente las quejas de los ciudadanos, sobre intervenciones policiales de dudosa legalidad.

Podrá dirigirse sin ningún intermediario al Consejo Superior de la Función Policial, la persona que crea haber sido detenida en circunstancias irregulares, el automovilista que niega haber cometido una infracción de tráfico, los manifestantes que piensan que han sido dispersados con brutalidad innecesaria, el detenido que asegura haber sido maltratado en comisaría y el funcionario de policía que estima haber sido criticado injustamente, por citar algunos ejemplos dados por fuentes del Ministerio del Interior. La investigación de ese organismo de un determinado asunto no impedirá que la Administración y la justicia active sus propios mecanismos.

En una entrevista publicada ayer por el diario Le Monde, Marchand afirma: "La seguridad es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a todo el mundo, y en primer lugar a los más débiles, principales víctimas de la delincuencia". El ministro se declara consciente de las amenazas que suponen la concentración en las grandes ciudades, el desarrollo espectacular de los suburbios y la facilidad de movimientos internacionales de personas, mercancías, capitales e informaciones. No obstante, el ministro del Interior francés proclama: "Hay que rechazar la tentación de conceder toda la primacía a la seguridad".

Marchand pretende poner coto a lo que llama "crecimiento desordenado de las policías municipales y las empresas privadas de seguridad". Las policías municipales, dice el ministro, "no deben constituir una tercera policía con vocación general, en competencia con la policía nacional y la gendarmería". Una ley en fase de elaboración establecerá con detalle sus competencias y misiones, que excluirán en todos los casos llevar armas. Los uniformes y los vehículos de los policías municipales deberán distinguirse claramente de los de las fuerzas del Estado.

Las empresas privadas de seguridad y sus dirigentes y empleados deberán recibir permiso de los prefectos. Salvo en el caso del transporte de fondos, los empleados de esas empresas no podrán llevar armas y les será prohibida cualquier operación en la vía pública.

En paralelo a esas medidas anunciadas por Marchand, el ministro de Justicia, Henri Nallet, ha anunciado una reforma del Código Penal que establece que la privación de libertad de una persona no podrá ser decidida por un solo juez. En adelante la decisión de enviar a la cárcel a alguien se adoptará colegialmente por tres magistrados: el juez que instruye el sumario y dos colegas por completo ajenos a la instrucción. En este caso se trata también de evitar posibles abusos de poder por parte de los jueces de instrucción.