La policía detiene a nueve presuntos implicados en un fraude fiscal próximo a 30.000 millones

El Servicio Central de la Policía Judicial detuvo ayer en Madrid a un grupo de nueve personas acusadas de estar implicadas en un fraude a Hacienda cuya cuantía se situaría entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas, según la policía. De los nueve detenidos, uno de ellos quedó en libertad a primeras horas de la tarde. El caso ha sido puesto en manos del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Entre los detenidos figuran al menos tres personas relacionadas con la operación de compra de terrenos llevada a cabo por Renfe -ver EL PAÍS de 18 de noviembre- en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes y en la que se han descubierto importantes irregularidades.

Los detenidos son Carlos Juan Villa, José Antonio Cardós Pastor, Miguel González Fernández, Ángel Requejo Medialdúa, José Javier Acacio Lafuente, Enrique Ortega Montero, Miguel Andrés Vicente y José Rivas Villamor, según confirmaron fuentes policiales.Carlos Juan Villa, José Antonio Cardós Pastor y Miguel González Fernández son accionistas de Consorcio Eléctrico Madrileño (CEM), con domicilio social en la calle Santa Lucía, de Málaga. CEM era inquilino de la mayor parte de las nueve fincas adquiridas por Renfe en 1990 y por las que la compañía ferroviaria pagó un total de 1.350 millones de pesetas -cuatro veces el precio pagado poco antes por otras sociedades aparentemente instrumentales- CEM, que había alquilado las fincas, sin finalidad conocida, poco tiempo antes de que Renfe las adquiriera a través de su filial, Equidesa, percibió, de forma directa e indirecta, un total de 400 millones de pesetas en concepto de compensación. La compañía pública insistió ayer en que no tenía ninguna responsabilidad en la operación, y que desconocía las prácticas fiscales de Consorcio Eléctrico Madrileño.

Al margen de estas detenciones, se practicaron cinco registros domiciliarios y se intervino abundante documentación que está siendo investigada por la policía y por expertos del Ministerio de Economía.

Facturas falsas

En una nota de prensa facilitada por la Dirección General de la Policía, a cuyo frente está Carlos Conde Duque, se explica que de los primeros análisis de la documentación intervenida se deduce que el fraude se producía en unos casos mediante facturaciones falsas, y en otros a través de sociedades instrumentales que se creaban para revalorizar artificialmente propiedades inmobiliarias y terrenos.

Las investigaciones sobre las irregularidades comenzaron hace varios meses cuando funcionarios del Servicio Central de la Policía Judicial y de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid descubrieron que se estaba defraudando a Hacienda a través de documentos y facturas falsas.

Las pesquisas policiales verificaron que en los delitos están implicadas más de 50 sociedades mercantiles y que el importe de lo defraudado puede ascender a entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas. El juzgado central de la Audiencia Nacional y los funcionarios de la policía continúan las investigaciones para identificar a otros implicados y determinar la cuantía exacta del fraude multimillonario.

Los detenidos, que anoche se hallaban recluídos en los calabozos del viejo caserón de la Puerta del Sol, formaban supuestamente parte de una única organización que se dedicaba a cometer sus estafas mediante facturaciones falsas del IVA y la revalorización artificial de propiedades inmobiliarias, según fuentes próximas a la investigación.

La mayoría de los supuestos implicados fueron asistidos por abogados de oficio. Carlos Juan Villa, sin embargo, ha designado como defensor a María Luisa Olmos Torrego, que anoche se limitó a decir: "No tengo ningún comentario que hacer".

El hecho de que el juez encargado del caso haya decretado el secreto del sumario, lo que impide que sus abogados tengan acceso a las actuaciones, induce a pensar que en breve pueden producirse más detenciones de personas relacionadas con el caso.

Por otra parte, hace dos meses se cerró en Madrid el sumario relativo a la falsificación de facturas para defraudar el IVA en el que aparecían implicadas Unipublic e Inocsa. El sumario ha sido remitido al juzgado de instrucción de Barcelona que lleva las diligencias. Ninguna de las personas supuestamente implicadas han declarado recientemente. Por su parte, el secretario general de Hacienda, Jaime Gaiteiro, manifestó ayer que el fraude fiscal decubierto en Valencia por facturas falsas del IVA asciende a 13.000 millones de pesetas.