El Parlamento Europeo condena el acuerdo con la UEFA que limita la libre circulación de jugadores

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer en Estrasburgo una resolución en la que exige a la Comisión Europea poner fin a la violación de¡ derecho comunitario que rige en el fútbol profesional. El Parlamento sostiene que la limitación del número de extranjeros por club atenta contra el principio de libre circulación y que el pago de traspasos constituye una actividad monopolística. Estas dos opiniones recibieron el apoyo de todos los grupos parlamentarios y suponen una condena a los acuerdos que la Comisión Europea firmó con la UEFA el pasado mes de abril.

La resolución introduce como novedad el considerar al fútbol profesional, aparte de un espectáculo, como negocio, y a los clubes como sociedades anónimas. La exigencia de una indemnización por traspaso o de una compensación en concepto de formación para conceder la carta libertad al jugador que finaliza su contrato contravienen los principios de la libre competencia. En concreto, "los artículos 12 y 14 de la FIFA son nulos de pleno derecho en la Comunidad porque constituyen una violación del derecho comunitario".De llevar la CE hasta sus ültimas consecuencias la resolución parlamentaria el mapa de las relaciones entre futbolistas y clubes y de éstos entre sí cambiaría radicalmente. Los clubes podrán contratar cuantos jugadores comunitarios deseen y con acuerdos particulares con los futbolistas una vez que acaben su contrato, sin mediar negociaciones ni compensaciones entre los clubes. El valor de un futbolista será el de su salario sin aditamento alguno, léase cifra de traspaso.

Abdicación de la CE

El Parlamento condena el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril entre la Comisión Europea y la UEFA, al margen de la asociación internacional de futbolistas profesionales (FIPRO). Este "pacto de caballeros", según el comisario Martin Bangemann, responsable del mismo, "constituye una vía lenta de entendimiento". La mayoría de los eurodiputados que intervinieron en el debate lo calificaron de "abdicación de la Comisión" en su obligación de velar por el cumplimiento del derecho comunitario.

"La inacción o permisividad con respecto a la UEFA y la FIFA puede traducirse en un grave detrimento para los jugadores de fútbol profesional", manifestó el socialista español Manuel Medina, uno de los autores del texto aprobado. El Parlamento exige que el Ejecutivo de la CE, bien por la vía de una propuesta de legislación o a través del recurso al Tribunal de Justicia comunitario, fije normas que garanticen los derechos conculcados por los clubes, las federaciones y los organismos que rigen el fútbol.

El acuerdo contestado establece que los clubs de Primera División de fútbol de los países de la CE podrán alinear cinco jugadores extranjeros a partir del 1 de julio del próximo año. Para las categorías inferiores del fútbol profesional la ampliación del cupo de tres a cinco extranjeros entrará en vigor en la temporada 1996-97.

Los dos nuevos extranjeros por equipo están sometidos a dos condiciones muy difíciles de cumplir en el mercado futbolístico, como son las de haber jugado ininterrumpidamente cinco años en el país del club que los contrata y tres de ellos en equipos juveniles. Ello deja fuera del cupo extra a los profesionales más codiciados.

El fútbol profesional constituye "una actividad monopolística en perjuicio de los trabajadores", según el eurodiputado Janssen van Ray. La autorización previa del club que los contrata para permitir al jugador cambiar de equipo y la discrecionalidad de las federaciones nacionales para permitir o no la inscripción de la ficha convierten al fútbol profesional "en un fenómeno corporativista cuyos actores creen que tienen un cierto poder y pueden permanecer impunes ante el derecho común", según Ernst de la Graefe. El español José María Gil-Robles señaló que para poder ser contratado "hay que atenerse a lo que decrete el sindicato de empleadores, lo cual no se admitiría en ninguna de las demás profesiones".

La UEFA rehusó ayer comentar la resolución del Parlamento, aunque fuentes cercanas a este organismo argumentaron que su acuerdo, con la Comisión Europea -el llamado acuerdo Bangemann- tiene mayor rango que las resoluciones parlamentarias.