Rigor penitenciario

LA INVESTIGACIÓN que llevan a cabo actualmente varios juzgados españoles sobre supuestos malos tratos a reclusos revela un hecho preocupante: la posible vuelta a prácticas degradantes en el mundo carcelario, métodos que costaron Dios y ayuda limitar -ahora comprobamos que no erradicar- en los años de la transición política. Tan preocupante que llama la atención que el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, haya pasado sobre él de puntillas en su intervención de ayer en el Senado tras dejar sentado, eso sí, su peculiar concepto de la transparencia informativa al anunciar su negativa a que las prisiones pudieran ser visitadas por diputados del Partido Popular.Los primeros responsables penitenciarios de la tapa socialista son testigos de la dificultad del empeño: ellos debieron enfrentarse con energía a alguna de las secuelas de este pasado vergonzante que coleaba en el proceso del llamado caso Rueda (apaleamiento en 1978 de un recluso anarquista hasta causarle la muerte en la cárcel de Carabanchel) y en el juicio con tra nueve funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha condenados por hacer uso de un rigor innecesario en el trato a varios reclusos en 1979. Sería triste que tales esfuerzos no hayan servido para nada y que los actuales responsables penitenciarios propiciaran prácticas que sus antecesores creían haber erradicado definitivamente.

La investigación judicial en curso está relacionada con la aplicación de las medidas de seguridad contenidas en dos circulares de la Administración penitenciaria especialmente destinadas a presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguridad (FIES). Que tales medidas pueden exceder el marco legal del reglamento penitenciario lo demuestra la- crisis interna que han provocado en la cúpula penitenciaria -cese o renuncia a sus cargos de algunos de sus integrantes- por disconformidad con su aplicación. Lo cierto es que, en Sevilla, una juez investiga la reclusión durante casi dos meses de 11 presos en celdas sin cristales en las ventanas y sin utensilios de aseo -prácticas que el propio fiscal de vigilancia penitenciaria ha denunciado- y las quejas de los propios reclusos de haber permanecido esposados durante ocho días a las camas o a los cangrejos -reja interior que protege la puerta de las celdas- y de habérseles prohibido toda comunicación con el exterior.

Este tipo de prácticas han sido también descubiertas en la prisión de Valladolid. El juez de vigilancia penitenciaria de la zona las ha considerado injustificables en cuanto que son un medio y un fin en sí mismas, sin aportar medida alguna de seguridad razonable. También ha declarado elderecho de los reclusos, aun de los considerados peligrosos, a mantener las comunicacionesyeglamentarias, a permanecer informados y a que no se cubran con chapas las ventanas de sus celdas. La decisión judicial se fundamenta en una interpretación plenamente correcta de la actual legislación: sus fines rehabilitadores deben hacer compatibles las medidas de seguridad con el tratamiento individual del recluso, de modo que no se le obligue "a vegetar . en su,celda durante 22 horas al día".

Es cierto que este tipo de prácticas no cuenta en la actualidad con las facilidades que suponía su impunidad de hecho en el pasado. Existe una legislación que las condena expresamente; la institución penitenciaria en. cuanto tal y los colectivos de funcionarios de prisiones han dado en estos años pruebas suficientes de su rechazo a tales procedimientos, y, sobre todo, existe un control judicialque antes no había sobre las posibles extralimitaciones en este terreno. Pero ello no impide que a veces, puedan adoptarse, al calor de actuaciones violentas de reclusos, sin duda peligrosos, medidas concretas que supongan una privación indebida de derechos que les corresponden como personas. El orden de las cárceles y la seguridad a la que tienen derecho los funcionarios deben ser compatibles con el destierro de por vida del mundo carcelario de los abusos contra los presos. Por lo demás, sería intolerable que una simple circular implicara de hecho la reforma de la actual legislación penitenciaria e hiciera tabla rasa de su filosofía resocializadora.