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CARTAS AL DIRECTOR

Seguridad privada

Por medio de la presente quiero manifestar públicamente mi total indignación con el Gobierno por muchas razones, pero concretamente, en este caso, por la aprobación del anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.Soy, y con orgullo, vigilante jurado de seguridad y llevo desde 1983 ejerciendo mis funciones con total seriedad y profesionalidad. He realizado numerosas intervenciones que han dado lugar a la detención de muchos delincuentes.

He desbaratado intentos de atraco; un intento de violación, que gracias a mi presencia fue evitado y detenido su autor. He realizado los primeros auxilios a una persona que sufría un infarto de miocardio, durante 15 minutos, -salvando- con ello su vida. En cierta ocasión colaboré con el Grupo de Estupefacientes de la localidad en que resido en la localización de 250 gramos de droga. He pacificado peleas en locales públicos, evitado daños de consideración en las personas y las cosas, etcétera. Y todo ello en cumplimiento de la labor social y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que inspiran mi carácter de agente de la autoridad. Funciones por las que no cobro nada del Estado, pero que dan contenido a mi profesión y, sobre todo, me diferencian de una alarma electrónica o de un perro guardián.

Pero todo esto me ha costado, además de esfuerzo y tiempo, el ser amenazado de muerte y agredido en multitud de ocasiones, peligrando mi vida en al menos seis de ellas.

Y como yo, la mayoría de vigilantes jurados han realizado acciones similares, y algunos incluso merecedoras de condecoración.

Ahora, con este proyecto de ley se pretende que el vigilante jurado de seguridad deje de ser un agente de la autoridad y que deje de llevar armas en la mayoría de los servicios, basándose en los incidentes ocurridos con algunos compañeros. Ycomo comprenderán, no puedo estar más en desacuerdo. Porque si hay que hablar de esos casos, que se comparen públicamente con los que han sufrido las Fuerzas de Seguridad del Esta do y verán que son infinitamente menos. No creo que se pueda dejar aún más indefenso a un colectivo que debe luchar con los mismos delincuentes que las Fuerzas de Seguridad del Estado y dotar a éstas de más medios, basándose en la peligrosidad creciente de esos mismos delincuentes. Porque eso sería casi complicidad en las agresiones que sufriremos por esta absurda ley política. Si el Estado cree que la peligrosidad de los delincuentes ha bajado tanto, que desarme a todos los cuerpos de seguridad, incluidos los del Estado; pero si no es así, que no nos condene a tener que abandonar nuestro trabajo o morir en el intento.

Señores ciudadanos, piensen que si la policía tarda tanto en llegar al lugar del delito es por falta de medios humanos y materiales, y de ello doy fe. Entonces, ¿cómo quieren suplir nuestra función? ¿De dónde va a sacar el Gobierno a 45.000 nuevos funcionarios para cubrir nuestros puestos? ¿Y el dinero necesario para ello?

Créanme, nosotros somos los más interesados en que se profe sionalice más el sector. Que se obligue a los vigilantes jurados a un curso de reciclaje y que se elimine al que no valga. Que se exija más conocimientos técnicos y prácticos, etcétera. Pero no se deje a 45.000 familias sin oficio ni beneficio por una absurda ley política que sólo beneficia a los delincuentes, que, al igual que los traficantes de droga celebra ron la despenalización del consumo, celebrarán nuestra desaparición. Por todo ello les ruego que, si no desean que se lleve a término este error, nos apoyen.-

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de noviembre de 1991