González niega que la 'ley Corcuera' amenace las libertades

Felipe González salió ayer en defensa del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, a pocas horas de la manifestación celebrada en Madrid para protestar contra la misma. La ley, aseguró en Praga, "no es una amenaza para las libertades". El PP, por su parte, mantiene abierta la posibilidad de negociar con el partido socialista el texto legal hasta su debate en el Senado. Mientras, mantendrá el voto contrario y defenderá todas sus enmiendas.

El jefe del Gobierno aprovechó su visita a Checoslovaquia para intervenir personalmente, por vez primera, en la defensa de la ley. "Hace mucho tiempo que renuncié a dar lecciones de cómo se consolida la democracia", dijo González, según informa Ignacio Cembrero. "Sólo quiero que se mire el cuadro de libertades que tienen países como Francía, Italia, Alemania". González dio a entender que las medidas de represión en esos países democráticos son de un nivel superior a las previstas en la ley de Seguridad Ciudadana,"Si en un sector de la opinión pública", agregó, "se encuentra que esos instrumentos, de los que España va a disponer, no son los habituales para mantener la seguridad, podré comprender la inquietud. Pero si ni siquiera llegamos a contar con ellos, entonces no lo entiendo". González rechazó que exista una ley Corcuera. Es un proyecto del Gobierno, dijo y él como presidente lo asume.

Por su parte, el Grupo Popular, el único en disposición de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC), no decidirá si interpone el recurso hasta la aprobación definitiva de la ley, según el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos. "El PSOE tiene la puerta abierta para rectificar la ley", afirma el dirigente popular.

Mientras no se introduzcan cambios suficientes, el PP mantiene su voto en contra de la ley y defenderá todas sus enmiendas. Las más sustanciales son la supresión del artículo 21, que autoriza la entrada en domicilios sin mandamiento judicial ante presuntos delitos de narcotráfico, y una disposición adicional para reformar el Código Penal.

La reforma consistiría en tipificar como delito el consumo en público de drogas, con penas de arresto mayor (de un mes a seis meses) y multas de 50.000 a 200.000 pesetas. Como alternativa, tras un reconocimiento forense, podría decidirse el internamiento del detenido en un centro de desintoxicación.

Respecto al artículo 20, sobre la retención policial para identificación, el PP remite al vigente Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta forma, se rechaza la figura de la retención y se admite la privación de libertad sólo ante resistencia o negativa infundada a identificarse y cuando haya sospecha de un delito o falta.

La dirección popular sigue manteniendo que la ley "es una chapuza técnica". "Es hija de la improvisación y del oportunismo, de la manía de gobernar a golpe de encuesta", asegura Álvarez Cascos. "El Gobierno ha descubierto que su ineficacia ha convertido la inseguridad en el principal problema. La prueba es que este proyecto ni aparecía en el programa legislativo de José Luis Corcuera, expuesto en enero del año pasado".

Recurso del PP

La actitud final del PP ante la ley puede resultar decisiva para la interposición de un recurso ante el TC. Gran parte de los grupos que mantienen su oposición cree ver en la ley contradicciones con la Carta Magna. Los posibles motivos de inconstitucionalidad consistirían en la consagración de la retención policial, como estado intermedio entre la libertad y la privación de la misma, y la quiebra del principio de inviolabilidad del domicilio.Para la presentación del recurso están legitimados, según la Constitución, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores y los ejecutivos y parlamentos autonómicos. El apoyo de CiU y el PNV excluye un recurso de los parlamentos catalán y vasco. Al margen del PP, los restantes grupos opositores, CDS, IU y parte del Mixto, no reúnen 50 diputados.

La decisión no está tomada. "Si la ley vuelve al Congreso como está, tras el debate en el Senado", explica Álvarez Cascos, "tendremos que estudiar los dictámenes de los expertos y analizar la oportunidad política". Si el Defensor del Pueblo o el PP no se deciden a interponer el recurso, la ley puede llegar ante el TC a petición de un juez.