Investigada la actuación de un funcionario de Aragón en el caso de la discoteca Flying

Carmen Canfranc, juez encargada del juicio por el incendio de la discoteca Flying, de Zaragoza, en el que perdieron la vida 43 personas en enero de 1990, ordenó ayer la apertura de una investigación suplementaria en relación a la presunta actuación irregular de un alto funcionario de la Consejería de Industria del Gobierno aragonés durante la inspección de la instalación eléctrica del establecimiento siniestrado.

El juicio fue suspendido el pasado jueves tras la presentación de una nueva prueba documental de la que se puede derivar la actuación irregular del técnico Luis Aznar, que fue presuntamente el encargado de elaborar el proyecto de instalación eléctrica en la discoteca Flying, por medio de otra persona que fue la que finalmente firmó el proyecto, y que posteriormente giró la inspección en nombre del Gobierno regional. La juez, Carmen Canfranc especificó ayer, durante la lectura pública del auto de suspensión del juicio, que la investigación suplementaria debe determinar además las personas que realizaron la instalación de una manguera de cables eléctricos y su conexión a la calefacción en la planta sótano.

En su escrito, Carmen Canfranc recuerda que la autenticidad de la factura de Mave Electricidad, fechada en 1983, presentada en la vista oral por el abogado de la defensa y autorizada por el Gobierno aragonés, no fue negada por el representante legal de esta empresa, quien afirmó, no obstante, que no tiene copia de dicha factura.

Alteraciones "sustanciales"

Ante estas "inesperadas revelaciones", la juez, que precisa que la trascendencia penal deberá ser determinada por el juez instructor, ha ordenado suspender la vista, ya que a su juicio se pueden producir alteraciones "sustanciales". El juez instructor del sumario por el incendio de la discoteca Flying, Javier Seoane, ordenó en su día el procesamiento del propietario y del encargado del local, Faustino Martínez y Francisco Lacruz, respectivamente, y el de Fernando Merino, encargado de la empresa Ger, que instaló el aire acondicionado.

Según la versión existente antes de la aparición de la factura, fue la empresa Ger la encargada de instalar la manguera eléctrica que se llevó por la conducción del aire acondicionado, lo que favoreció la propagación del monóxido de carbono que causó la muerte de 43 personas.