El Ayuntamiento se desentiende de los ancianos afectados por la huelga de cuidadores

El Ayuntamiento de Madrid insiste en mantenerse al margen del conflicto planteado por los asistentes municipales a domicilio. Tres mil quinientos ancianos impedidos no incluidos en los servicios mínimos subsisten sin ayuda desde hace ocho días. Las negociaciones están rotas entre empresas y trabajadores, y el Ayuntamiento, que es el que paga el servicio, se niega a revisar su partida presupuestaria. "A este equipo de gobierno no le importa que se le disparen los costes de los túneles, pero ni siquiera es capaz de oír a los pobres afectados en este conflicto", dice la oposición socialista.

El Ayuntamiento paga a seis empresas privadas 1.600 millones de pesetas anuales para mantener la asistencia a domicilio de 5.000 personas impedidas, ancianos en su mayoría. "El Ayuntamiento no puede elevar esta partida", dijo ayer la concejal de Servicios Comunitarios, Ana María García Armendáriz, al ser preguntada por ello. En realidad, en ningún momento, desde que comenzó la huelga el pasado día 15, se ha barajado la hipótesis de incrementar esta asignación. García Armendáriz insistió: "Este equipo de gobierno va a mantenerse al margen de un conflicto que compete a unas empresas privadas con sus trabajadores". "El problema de este Ayuntamiento es que siempre se quita de en medio", decía ayer Juan Barranco, jefe de la oposición socialista y ex alcalde de Madrid. "No les importa que los costes de las grandes obras se disparen. Pero en este conflicto manifiestan una notoría insensibilidad".

76.000 pesetas brutas

Los cuidadores a domicilio cobran unas 65.000 pesetas mensuales. Las seis empresas concesionarias ofrecen ahora 76.000 pesetas brutas, 14 pagas y una jornada de 40 horas semanales. Los trabajadores ponen el listón en 110.000 pesetas brutas. "Las empresas intentan enfrentarnos al Ayuntamiento", explica Diego Linares, de UGT. "Primero, que nos firmen un convenio decente. Luego, que ellos se entiendan con el Ayuntamiento". "Los costes son muy ajustados", dice Antonio de la Torre, director de Sefusa, una de las empresas. "Hemos ofrecido el máximo con la asignación que tenemos".

Barranco asegura que el Ayuntamiento no convocó el pasado año concurso y se está funcionando con prórroga. "Quizá es el momento de plantear un nuevo concurso y de apretarles las clavijas a las empresas", dice.

Este servicio empezó a funcionar como experiencia piloto siendo Enrique Tierno Galván alcalde de Madrid. Es la primera huelga que hacen los trabajadores porque también es el primer convenio que se intenta negociar en el sector.

"A mí me parece que no es humano que nos abandonen así, pero también creo que a la gente hay que pagarle lo que es suyo", dice Candelas Altés, una usuaria de este servicio. Candelas, de 79 años, es viuda, no tiene hijos y sus dos hermanos viven fuera de Madrid. Hace año y medio, desde que sufrió el primer infarto, no sale de su casa. Después ha soportado otros dos. Se ha roto el brazo izquierdo, ve poco, apenas puede andar y sufre incontinencia. No está en los servicios mínimos.

Ayer nadie pudo hacerle la compra y comió una lata de verdura que tenía guardada. Candelas era manicura y fue dependienta en algunos comercios hasta que se jubiló. Percibe "menos de 50.000 pesetas", insuficientes para irse a una residencia de ancianos en caso de que encontrara plaza en alguna. "Es una huelga cruel", dice María López, otra anciana afectada por el conflicto. "No tenemos ninguna fuerza en esta sociedad".