Miles de checoslovacos, afectados por la 'caza de brujas' de la ley Lustrace
Cientos de miles de personas que ocupan cargos públicos en Checoslovaquia se sienten atemorizadas ante la incertidumbre de perder su trabajo con la llamada ley Lustrace, firmada por el presidente Václav Hável. La palabra lustrace equivale a lustrar, y prohibe ejercer cargos en la Administración pública durante cinco años a ex militantes del partido comunista, a ex miembros de las milicias populares (cuerpos paramilitares del partido comunista) y a los ex colaboradores e informantes del servicio secreto checoslovaco (StB).
La ley fue aprobada por iniciativa de los partidos de derechas en la Asamblea de 300 diputados, y podría afectar a unas 250.000 personas, aunque, según la agencia de noticias checoslovaca CTK, 150.000 perderían con seguridad sus empleos si se comprueba su relación con el StB. Otros medios afirman que el total de afectados podría alcanzar los 600.000.Los checos y eslovacos afectados no tienen acceso a los archivos secretos de la StB, pero por el equivalente a 900 pesetas cualquier ciudadano puede pedir un certificado de limpieza de su pasado durante la época comunista para presentarlo en sus lugares de trabajo.
Cientos de periodistas, profesores y empleados de la Administración pública han iniciado las consultas sobre su propio pasado y nadie tiene la certeza de que no fueran incluidos en las listas de colaboradores del servicio secreto.
Una comisión parlamentaría recientemente constituida está encargada de identificar a los StB positivos. Los afectados podrán elegir entre la renuncia inmediata de su cargo o que se haga público su pasado, con lo que a continuación serían despedidos de su empleo.
El presidente del Parlamento federal, Alexander Dubcek, el símbolo de la primavera de Praga, se negó a firmar la ley, y en su lugar lo hizo el vicepresidente de la Asamblea, Rudolf Battek.
Dubcek, que también se vería afectado por las nuevas regulaciones, podría seguir ocupando el cargo parlamentario, pero estaría inhabilitado para ejercer cualquier puesto ministerial o de dirección en oficinas públicas.
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