El vicepresidente del Tribunal Constitucional opina que la 'ley Corcuera' es un error

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, declaró ayer a este periódico que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es "un error jurídico". Según explicó antes de pronunciar la conferencia que abrió el VIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional, tal error consiste en que "sin mala intención, el Gobierno pretende juridificar el margen de excesos de la actuación policial, en lugar de dejarlo al control judicial".

Rubio Llorente, catedrático de Derecho Constitucional y fundador del alto tribunal, manifestó que en la práctica policial suele ser habitual un margen de actuación en la lucha contra la delincuencia. "Pero es preferible", señaló, "que sean los jueces quienes controlen los posibles excesos policiales, en lugar de: convertir en ley toda la actuación policial al margen de los jueces. La pretendida eficacia no debe conducir a prescindir de los principios". En su conferencia sobre Mayorías y minorías en la Constitución española, Rubio Llorente recordó que los derechos fundamentales no son verdades científicas, pero sí la expresión de una determinada concepción de la convivencia "que se sustrae del campo de lo opinable" y que "no es franqueable por el legislador". Más tarde insistió en que el contenido esencial de los derechos fundamentales consagrados en el acto constituyente "queda fuera de lo opinable y de la voluntad de la mayoría".La conferencia de Rubio Llorente se centró en el pacto constitucional con las minorías nacionalistas, si bien el principio de igualdad impide, según dijo, dos géneros de autonomías distintas. Al término de su disertación rnanifestó que no había querido analizar las consecuencias del usó hecho por el Estado del juego de mayorías y minorías, entre otras razones, por si resultaban "impertinentes para el presidente del Senado, Juan José Laborda", que presidió la sesión de apertura del congreso. En su intervención, el socialista Laborda anunció que la reforma del reglamento del Senado dará una participación mayor a las comunidades autónomas.

En los pasillos de la Facultad de Derecho de Valladolid, donde se celebra el congreso, varios catedráticos de Derecho Constitucional, como Jorge de Esteban y Miguel Ángel Aparicio, expresaron su preocupación por el atentado a la Constitución que puede perpetrarse si se aprueba el proyecto de ley de seguridad. Otros catedráticos expresaron su inquietud especialmente ante el aviso hecho por el presidente del Gobierno, Felipe González, de la posible llamada al tam-tam para el apoyo popular a la ley. Otros asistentes al congreso criticaron, en cambio, la petición de las asociaciones judiciales de que sea destituido el ministro Corcuera. El secretario general de la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Juan José Solozábal, que acudió el lunes pasado al almuerzo convocado por Gregorio Peces Barba (véase EL PAÍS del martes último) negó que él sea uno de los firmantes del documento que se acordó dirigir a González sobre el proyecto de ley.

Manuel Jiménez de Parga, presidente de la asociación, manifestó a este periódico que "el proyecto de ley tendrá que modificarse, por el riesgo de que sea declarado inconstitucional".