Discrepancias internas en UGT y CC OO bloquean la mesa de la función pública
El proyecto de acuerdo para modernizar la función pública, que se está negociando entre el Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP) y los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y ELA, ha tropezado con un escollo en el interior de los dos sindicatos mayoritarios.
Mientras en las federaciones de funcionarios es mayoritario el deseo de firmar el acuerdo al considerarlo positivo (aunque quieren modificaciones), las federaciones de enseñanza tienen posturas más beligerantes. La mesa general de negociación está suspendida a la espera de que las centrales aclaren sus diferencias internas. Fuentes sindicales achacan a "posturas corporativistas de determinadas federaciones" el parón de la negociación.
Dentro de UGT, las federaciones de enseñanza y funcionarios no coinciden en sus planteamientos ni en las peticiones. Y lo mismo ocurre con las federaciones homólogas de Comisiones. El problema ha desbordado a los responsables de las federaciones y han tenido que recurrir "a las confederaciones para que intermedien en el conflicto", explica una fuente sindical.
Acuerdo de junio
La federación de funcionarios de UGT pedirá a la Administración que conceda más dinero para fondos adicionales de los funcionarios y así cubrir otros colectivos entre los que no se encontrarían la enseñanza "ya que estos firmaron un acuerdo económico con el Ministerio de Educación el pasado mes de junio por el que les Concedían 16.000 millones", añaden fuentes sindicales.
La federación de la enseñanza de UGT defiende otra postura. Alegan que esos 16.000 millones negociados eran para retribuciones complementarlas "para igualar los salarios a los del resto de la Administración", señala Ángel Escolar, portavoz de esta federación que añade que "en las negociaciones con el MAP se está hablando de retribuciones bases" por lo que defienden que también les han de tener en cuenta en el aspecto económico. Su .propuesta es que "no haya fondos adicinales sino una subida del 8% de la masa salarial que, una vez aprobada, se discutirá como se reparte", explica.
Según fuentes de la federación de enseñanza de CC OO "la Administración está dando por sentado que se firma el acuerdo, están vendiendo el oso antes de cazarlo" y añade que si los colectivos de universidad y sanidad "se quedan fuera [de los fondos adicionales], en ese caso no habría acuerdo". Pero según fuentes de las federaciones de funcionarios, "esta postura de la ensenanza se debe a que [si se firma el acuerdo] se corta la forma de negociación que hasta ahora mantenían, ya que como no había articulación de la negociación presionaban con la huelga y conseguían llevarse el dinero".
Salvador Bangueses, coordinador confederal de CC OO de la Administración Pública, señala que todas las federaciones "tienen la misma soberanía" por lo que "algún elemento de coordinación hay que buscar para que las cosas sean beneficiosas para todos", señala.
Durante este impasse la Administración estudia las 40 enmidendas que UGT y CC OO han hecho sobre el acuerdo. Fuentes sindicales añaden que algunas de esas enmiendas tiene el objetivo de "reventar el acuerdo".
Según fuentes del MAP, representantes de la Administración se reunirán esta semana por separado con UGT, CC OO y CSIF "para ver con ellos el estado de la cuestión" y tras estas reuniones "convocar la mesa de negociación posiblemente para la semana que viene".
La Administración, que está ,la la expectativa", cree que el acuerdo es positivo. El proyecto contempla la autorregulación de la huelga, la creación de fondos sociales, el establecimiento de 40 horas anuales para la formación, la negociación con los sindicatos de los cambios de titular jurídico, regulación de la negociación colectiva y oferta de empleo público, entre otras materias.
Los ugetistas piden 25.000 millones de pesetas más
Los funcionarios quieren que se amplíen de 15.000 millones a 40.000 millones de pesetas los fondos adicionales contemplados en el proyecto de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la modernización de la Administración, según han informado fuentes sindicales. Pero esta petición, explican, no choca con su deseo de llevar adelante el acuerdo.En el último borrador de proyecto de pacto fija una subida salarial del 5% (establecida en los Presupuestos Generales del Estado) y dedica 15.000 millones de pesetas a fondos adicionales que afectarían a los funcionarios de la Administración Central e Institucional. Por lo que quedan excluidos el personal sanitario, el docente y el no docente de las universidades a los que sólo les afectaría la subida del 5%.
La federación de funcionarios de UGT quiere que estos 15.000 millones (que afectarían a unos 150.000 funcionarios) se conviertan en 40.000 para que se puedan repartir también entre los colectivos de sanitarios, Correos, Administración de Justicia y personal laboral lo que sumaría u total de 675.000 personas.
Pero esta petición dejaría en principio a parte al sector de la enseñanza porque ya tienen un acuerdo [económico] previo al que se negocia ahora", explican fuentes sindicales, refiriéndose al acuerdo que firmaron las federaciones de enseñaza el pasado mes de junio con el Ministerio de Educación por el que se les concede más de 16.000 millones de pesetas para un colectivo de 300.000 personas.
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