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LA POLÉMICA POR LA "LEY CORCUERA"

Toda la oposición, salvo CiU, exige suprimir el registro de casas sin mandato

Todos los grupos de la oposición, salvo Convergència i Unió (CiU), exigieron ayer, en sus enmiendas al articulado del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que se suprima el artículo 21 del texto enviado por el Gobierno y que autoriza a la policía "para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante" en materia de drogas.El plazo para la presentación de enmiendas al articulado concluyó ayer. El Partido Popular, que presentó sus enmiendas a través de los diputados Federico Trillo y Rogelio Baón, anunció que la ponencia para tratar el proyecto, una vez desestimadas las enmiendas a la totalidad en el pleno del jueves, se reunirá el próximo día 15 y que pasará a comisión el próximo día 29.

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Dado lo controvertido del proyecto, en medios parlamentarios se estima que no bastará con las enmiendas que se introduzcan en el Congreso sino que las negociaciones seguirán entre los grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación y en el Senado.

El Grupo Popular presentó ayer un total de 34 enmiendas al proyecto; Izquierda Unida, 37; el CDS, 27; el Grupo Parlamentario Vasco, 21, y el Catalán, 30.

Entre todo el conjunto llama la atención la que el Grupo Popular, que no descarta, según Trillo, presentar recurso de inconstitucionalidad si el proyecto "no elimina los rasgos de inconstitucionalidad que ahora presenta", por entender que ese artículo ofrece una concepción de la seguridad ciudadana como trasunto del antiguo orden público y no se ajusta al orden constitucional.

El PP quiere, a través de una disposición adicional, que se lleve al Código Penal la sanción por el consumo público de drogas y que el Gobierno remita al Congreso el texto de la Convención de Viena de 1988 sobre represión del tráfico de drogas. En esto coinciden con el Grupo Vasco.

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El Grupo Parlamentario del CDS pide la supresión, entre otros, del capítulo tercero del proyecto enviado por el Gobierno, que regula las actuaciones para "el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana". IU también pide la supresión de ese mismo capítulo.

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