Patada a la puerta

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha reiterado estos días que en países europeos, como el Reino Unido, existen legislaciones similares a la ley de seguridad que él propugna. El comentarista del diario británico The Times Bernard Levin expresa su alarma por las normas que se preparan en el Reino Unido sobre registros domiciliarios sin autorización judicial en un artículo del que publicamos un extracto.

Imagínense una ley que diera a la policía de este país poderes para entrar en su casa en cualquier momento del día o de la noche, sin mandato judicial alguno y sin advertencia previa; para tirar abajo su puerta si usted le niega la entrada, sacarle de su casa mientras registran y llevarse lo que quieran; interrogar a su esposa y detenerla si se niega a responder, exigir una respuesta a sus preguntas y ser acusado de delito si permanece en silencio e insiste en que esté presente su abogado durante el iterrogatorio; hacer cualquiera de estas cosas, o todas ellas, a cualquier habitante de su casa -ya sea familiar, amigo o secretaria- o a cualquier vendedor de aspiradoras a domicilio que pasara por allí.¿Y qué diría usted si le digo que exactamente esta ley, con estas mismas disposiciones, no forman parte de un juego, sino que es real y está a punto de aplicarse en el sistema legislativo de este país, bajo el modesto nombre de Statutory Instrument 1991. Nº 1.531? (...)

Estas sorprendentes disposiciones, originadas en un intento de ordenar las leyes referentes a la propiedad, tenencia y uso de explosivos, son explosivas pero en su sentido legislativo (...).

La más tenue o incluso falsa sospecha de que se han olvidado unos fuegos artificiales de la noche de Guy Fawkes o un cartucho olvidado en un bolsillo tras una cacería de faisanes, permite una intervención como la descrita. Más aún, aunque las leyes sobre tenencia de armas son ya suficientemente estrictas, los que tienen permisos de armas tendrán que tener otro certificado para tener la munición.

Pero dado que este número de personas es muy restringido, en la práctica, estas invasiones monstruosas afectarán casi exclusivamente a los ciudadanos inocentes que jamás han tocado un arma de fuego ni un explosivo en su vida.

Llegados a este punto me podrían preguntar qué tiene que ver la policía con todo esto. Estos temas son competencia de la Dirección de Seguridad e Higiene que por ley está encargada de emplear a inspectores expertos en explosivos. La respuesta es que en un ejercicio de lunática extra vagancia, incluso para lo que se estila en el Ministerio del Interior, este nocivo departamento ha decidido convertir a los policías en inspectores de explosivos. Al hacer esto, los policías tendrán estos desmesurados poderes sobre las viviendas privadas y también sobre las minas y fábricas y, les diré, si es que no lo han adivinado todavía, que harán uso de ellos.

Ahora oiremos, probablemente de algún oscuro diputado tory que busca promocionarse y ansiosamente agite su discurso, que por supuesto, las disposiciones del Statutory Instrument 1.531 no están pensadas para acosar a los honrados ciudadanos que tienen una caja de petardos en su garaje.

¿De verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que oyó usted que una persona con autoridad, por poca que sea, dejara de ejercerla? ¡Qué alegría le dará cuando un aburrido policía pueda dar una patada a su puerta a las tres de la madrugada con la esperanza de encontrar una lata de gasolina utilizada para la podadora o una bombona de gas para la cocina! (...)