Proyecto para autorregular la huelga en sanidad, Correos y educación

El proyecto de acuerdo entre la Administración y los sindicatos (CC OO, UGT, CSIF y ELA) para modernizar la administración central e lnstltuclonal contempla la autorregulación de la huelga en una parte importante de los servicios públicos. Este documento afectaría directamente a unas 675.000 personas que trabajan en la Administración Civil del Estado, en todos los organismos autónomos y en la Seguridad Social con una vigencia de tres años.De alcanzarse, ese acuerdo se aplicaría de manera "total o parcial" a la Sanidad, Educación, Correos y función pública, entre otros colectivos. En el título cuarto del último borrador que están negociando se señala que "las organizaciones sindicales firmantes adoptarán conjuntarriente normas de autorregulación para el ejercicio del derecho de huelga en el ámbito de la Adrninistración del Estado".

Esto supondría que se llegaría a un acuerdo para fijar de quién es competencia el declarar la huelga y habría que preavisar con 10 días de antelación (como establece el Estatuto de los Trabajadores para el resto de los trabajadores).

Además, sindicatos y Administración también llegarían a un acuerdo para "la adecuación del ejercicio" de la huelga "en los servicios públicos que afecten de manera esencial a las necesidades ciudadanas". Las centrales quieren introducir una enmienda para que la Administración se comprometa a intentar derogar los decretos que establecen los servicios mínimos.

20.000 millones de fondo social

Este documento elaborado conjuntamente por el Ministerio para las Administraciones Públicas y los sindicatos afecta directamente a la Administración central e indirectamente también tendrá su reflejo en las Comunidades Autónomas y en las corporaciones locales.

El capítulo quinto contempla que la "Administración informará previamente a los sindicatos de los proyectos que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un organismo o reasignación de efectivos de personal". También "consultará a los sindicatos sobre la repercusión que tales procesos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado".

Para completar los mecanismos de actuación de los agentes sociales una vez que el Estado ha cambiado el régimen jurídico de un organismo "la Administración negociará con los sindicatos el destino y régimen del personal afectado en el marco de los criterios y condiciones que se acuerden así como los posibles cursos de adaptación o reciclaje".

Otro punto importante es la creación de una comisión paritaría que durante tres años dispondrá de un fondo social por valor del 1% de la masa salarial (más de 20.000 millones).