Los populares y CIU piden cambios en la normativa sobre registros y detenciones

J. A. / C. V.El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó ayer una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que, en opinión de su máximo responsable, Miquel Roca, "sitúan el texto del Gobierno en el marco de la Constitución". Las principales modificaciones se refieren a los dos artículos más polémicos del texto que promueve el Ejecutivo socialista: el 20 -detención policial de ciudadanos no identificados- y el 21 -entrada en domicilios sin autorización judicial- El PP, por su parte, ha presentado una enmienda a la totalidad y pedirá asimismo la supresión del artículo 21.

En medios políticos se ha especulado durante los últimos días con la posibilidad de que el grupo mayoritario socialista modifique alguno de los puntos más polémicos de la ley mediante la aceptación de enmiendas de la oposición.Respecto al artículo 20, los nacionalistas catalanes proponen un añadido al texto del Gobierno en el que se precise que de las diligencias policiales se dé traslado a la autoridad judicial. Con ello, según Convergència i Unió, se pone a disposición del juez la mayor información posible y de paso se invierte la filosofia inicial del Gobierno, que simplemente dejaba la puerta abierta a que el fiscal o el juez pudieran acudir al registro de detenidos.

La segunda enmienda significativa al texto socialista es la relativa al artículo 21.2, referente a la entrada en domicilios sin autorización judicial. Los nacionalistas, basándose en sentencias del Tribunal Supremo, limitan esta posibilidad al supuesto de constancia fehaciente de venta o transferencia de productos de drogadicción. Según Miquel Roca, al limitar la facultad policial al momento en que se está produciendo la venta de droga "se acota el campo de actuación policial, ya que lo importante no es que en un domicilio haya droga sino que se utilice para la venta de droga". Los nacionalistas catalanes se mostraron convencidos de que sus enmiendas, que han sido negociadas por el diputado de CiU Josep Maria Trias de Bes, hasta la fecha sin un acuerdo total, sean asumidas por el Gobierno "ya que constitucionalizan el tema".

El Grupo Popular del Congreso pedirá la supresión del artículo 21 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, por el que se autoriza la entrada y registro domiciliario de la policía, si, como es de esperar, no prospera en la sesión parlamentaria de hoy su petición de que el texto sea devuelto al Gobierno.

Federico Trillo, que en nombre de su grupo defenderá hoy la enmienda a la totalidad, presentada por su grupo, no duda en calificar al proyecto como "el ataque más grave contra la libertad de los españoles desde 1978".

La enmienda que el PP considera más fundamental es la introducción de una disposición adicional por la que se establezca que el consumo público de drogas debe trasladarse al Código Penal. Ese partido quiere que cuando un sujeto sea sorprendido consumiendo drogas se le traslade a presencia del juez, el cual ordenará un dictamen forense que indique si se trata o no de un drogodependiente. En caso positivo el PP entiende que debe establecerse el internamiento del sujeto en un centro de desintoxicación.

Respecto del artículo 20, sobre la facultad que el proyecto otorga a la policía para trasladar a comisaría a ciudadanos que no puedan ser identificados, el PP piensa que es necesario establecer la obligación de identificarse ante los agentes de policía. Esa obligación no está establecida actualmente en ningún texto legal. Además de ello una enmienda a ese artículo, por parte de los populares establece que "en los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse [...] se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la ley de Enjuiciamiento Criminal". Por último pide el Grupo Popular que se suprima el artículo 38 del proyecto que establece la ejecutividad inmediata de las sanciones y la obligación de satisfacer la sanción para poder recurrir.