Solchaga condiciona la unión monetaria a una mayor transferencia de ayudas de la CE a España

El ministro Carlos Solchaga planteó, ayer en Luxemburgo ante los ministros de Economía de la CE que, "para España, la cohesión económica y social es un elemento clave del proyecto de unión económica y monetaria". Hasta ahora, el Gobierno había limitado su demanda de un fondo interestatal al ámbito de la unión política. Francia y Alemania respaldan tácitamente la petición española de que los países del sur de la Comunidad se beneficien en mayor medida de los fondos existentes y de los nuevos que creará la CE.

La cohesión económica y social se ha convertido en el listón para que España acepté los futuros tratados de unión política y monetaria que deben ser aprobados el próximo 10 de diciembre en la cumbre de- Maastrich (Holanda). Pero la propuesta inicial española ole crear un fondo interestatal de compensación, en esencia un mecanismo de transferencia. de rentas de los países ricos a, los más pobres de la CE, tiene escasas posibilidades de prosperar. El propio presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, declaró hace días que "la Comunidad carece de un grado de integración suficiente para aspirar a dotarse de un fondo típico de un Estado federal"."SI el fondo no sale por las razones que sea", manifestó Solchaga, "para España también sería satisfactorio adaptar las dos vertientes del presupuesto", de forma que España contribuya comparativamente menos a la Comunidad y reciba de ella más dinero.

El ministro español consideró llegado el momento" para plantear el tema ante la conferencia intergubernamental sobre la unión económica y monetaria, aunque después el debate fue aplazado por falta de tiempo. En el discurso que tenía praparado y que presentará "en la próxima ocasión", el ministro reclamaba a sus colegas algo que vaya "mucho más allá de un mero retoque del actual título quinto del vigente tratado", que prevé el reforzamiento de los fondos estructurales existentes. España será este año beneficiarla neta de la CE por unos 170.000 millones de pesetas, que en 1992 se reducirán a 71.000 millones. En 1993, según los estudios del Gobierno, la situación será de "país deficitario neto". La situación se agravará con la financiación de lit política exterior común.

Solchaga reclama el principio de progresividad en las aportaciones de cada país a la CE, "principio que inspira la totalidad de los sistemas tributarios de los Estados miembros". Además defiende que

"la cohesión económica y social exige que las diversas políticas de gastos de la unión favorezcan el acercamiento de los países menos prósperos al de los más avanzados". Ante el formularlo sobre cohesión remitido el pasado viernes por la presidencia holandesa, el ministro expresó su "preocupación y perplejidad" porque "parte tácitamente de ciertas ideas absolutamente inaceptables para España". El ministro recordó el documento presentado en abril por el Gobierno (suficiencia de medios de la CE y fondo interestatal).

La posición del Gobierno haido debatida en los últimos días en el seno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a causa de las dificultades para que los Doce acepten el fondo de solidaridad propuesto por España y ante el peligro de que el tema de la cohesión pudiera convertirse en un factor de veto por parte de España para la unión política y monetaria. La tesis de Economía es disminuir porcentualmente las aportaciones españolas al presupuesto comunitario. Para ello, el mejor mecanismo, en lugar de caer en la tentación insolidarla del cheque británico, es el "quinto recurso" que estudia la CE. El presidente Jacques Delors apoya el principio de prosperidad relativa o de contribución en función de la renta por habitante de cada país de la Comunidad. España, país de turistas y elevado consumo porcentual, paga a la CE por IVA más de lo que le corresponde en función de su riqueza real.

Además de ese respiro a la hora de contribuir al presupuesto comunitario , el Gobier no pretende aumentar el cauce de las ayudas recibidas de la CE. Los, fondos estructurales existentes no bastan y España confía en un alto porcentaje de participación en las subvenciones a recibir de dos nuevos fondos: el de protección del medio ambiente y el de financiación de grandes redes de infraestructuras.