El Gobierno italiano anuncia una nueva amnistía fiscal

Un perdón fiscal para los evasores que ingresen una parte mínia de lo que deben y fuertes recortes en los servicios sanitarios son las dos medidas básicas adoptadas por el Gobierno de Giulio Andreotti para reducir el déficit público de 1992 en 55 billones de liras (más de 450.000 millones de pesetas). Según los presupuestos aprobados a las 23.30 horas el pasado lunes, el perdón fiscal debería reportar un aumento de 12 billones de liras en los ingresos, y los recortes sanitarios una disminución de 4 billones de liras en los gastos. Estas medidas, junto a otras entre las que destaca la privatización de empresas públicas por un valor previsto de 15 billones de liras, deberían contener el déficit público en 128 billones de liras.La propuesta del Gobierno, que en varios aspectos debe recorrer todavía un difícil camino parlamentario, ha sido acogida con críticas y escepticismo. Los objetivos se consideran insuficientes, los medios de actuacion poco adecuados y, por otra parte, se recuerda que las desviaciones entre el déficit programado y el real han sido en los últimos años hasta del 14%, si bien en 1990 y 1991 esta diferencia se ha reducido a un más modesto 6%.

Escasos resultados

El perdón fiscal, por ejemplo, ha sido utilizado profusamente por el Gobierno italiano con resultados más bien escasos. En los últimos años, ha habido algún tipo de perdón en Italia cada nueve meses pero la recaudación derivada fue de solo 20 billones de liras, frente a los 60 billones de liras previstos, según un estudio hecho por el diario Il Sole-24 Ore, que considera la medida como "el signo evidente de una máquina fiscal que ya no logra funcionar normalmente".El perdón actual se refiere a todos los impuestos directos y al IVA del último quinquenio. Bastará pagar sólo una parte mediante la realización de complementarias.

En el capítulo sanitario, los beneficiarios de la seguridad social tendrán que pagar ente un 40% y un 60% más por los fármacos. Otras medidas complementarias son la abolición del secreto bancario para fines fiscales, un tema en el que Italia no seguía todavía los baremos europeos, el aumento de las retenciones sobre los intereses, la revalorización de valores catastrales y la revalorización automática de activos para las empresas con una facturación anual superior a los 1.000 millones de liras.

El Gobierno espera, ademas, ahorrar 7 billones de liras evitando que los salarios crezcan en el sector público por encima de la inflación. La medida es importante, pero goza de escaso crédito en cuanto a sus posibilidades de realización.

Lo mismo ocurre con el plan de privatizaciones para las empresas públicas, que viene sufriendo continuos aplazamientos. Los socialistas han bloqueados otros proyectos, como el de retrasar la edad de jubilación, establecida actualmente en los 60 años, que la Democracia Cristiana pensaba incluir en estos presupuestos.