La urbanización Monteclaro lleva sus protestas hasta Bruselas

El presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Monteclaro, situada en Pozuelo de Alarcón, presentó ayer en Bruselas un escrito de queja ante la Comisión Europea contra la autovía que unirá la N-VI, a la altura del Pinar de Las Rozas, con la carretera de Castilla. Este tramo, clave para paliar la congestión de tráfico que sufre la zona noroeste de Madrid, incumple, según la denuncia, la directiva de la CE de 1985 sobre impacto medioambiental.La autovía dividirá a la urbanización en dos, aparte de que la carretera pasará "a 20 metros de algunas viviendas". Los perjudicados proponen la construcción ,de un falso túnel. El enterramiento del tramo que pasa por Monteclaro evitaría el ruido y la contaminación, aun a costa de encarecer el proyecto.

El escrito presentado a la Dirección General de Medio Ambiente de la CE especifica diversos defectos formales del proyecto. Según el representante jurídico de los denunciantes, del bufete Gómez Acebo 8., Pombo, "tiene defectos que darían lugar a la suspensión del procedimiento de adjudicacíón ante los tribunales españoles". El Defensor del Pueblo aceptó recientemente otra queja de los vecinos de Monteclaro.

Sin información pública

En primer lugar, el proyecto "carece de evaluación del impacto medioambiental en los términos que exige la directiva comunitaria y tampoco la Agencia de Medio Ambiente de Madrid ha hecho la declaración pertinente sobre este efecto". En su demanda para que la Comisión Europea cumpla con su misión de vigilar el cumplimiento de las normas comunitarias, hace constar también que "no ha habido información pública posterior ni se ha puesto en conocimiento de los particulares los motivos del proyecto".

Las obras de la autovía, según los representantes de la urbanización Monteclaro, tienen un destino incierto por "la falta de reserva de viario público suficiente". Tan sólo cuenta con una anchura de 25 metros de los más de 100 que necesita y no se ha hecho el procedimiento de expropiación para poder utilizar terrenos de la urbanización.

La directiva sobre el impacto ambiental de las grandes obra públicas ha servido de base para otras dos denuncias presentada ante las instituciones de la CE. La coordinadora antiautovía utilizó este mecanismo de queja, incialmente a través del Parlamento Europeo, para denunciar el trazado de la controvertida carretera que enlazará Navarra con Guipúzcoa. La Comisión Europea consideró en este caso que la documentación presentada por las autoridades españolas, era más que suficiente. Otra denuncia similar se ha presentado contra la autovía del Garraf.