Consejo aletargado

NO YERRA mucho el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, cuando diagnostica que este organismo está moribundo, por falta de competencias. Es algo constatable para quien quiera ver y es, desde luego, la impresión general existente en los medios judiciales. También en los políticos. Los vocales que han planteado la reprobación de Manzanares deberían haber aprovechado el revulsivo de esas declaraciones, independientemente de la ideología de quienes las han hecho, para suscitar un debate serio sobre la cuestión y ver la forma de sacar a la institución de su letargo. La actitud de la mayoría del CGPJ, que ha desaprobado las declaraciones de su vicepresidente, es difícilmente entendible si no se considera como una reacción en defensa propia, aunque se puedan alegar razones de inoportunidad en las palabras de Manzanares.Tampoco puede tildarse de incoherente la actitud del vicepresidente del CGPJ de no dimitir de un organismo que juzga inoperante. Incluso si su diagnóstico fuera incierto tendría otro tipo de responsabilidades que la obligación de dimitir; entre otras, la de procurar cambiar la situación. La función de vocal del CGPJ no responde a ningún nombramiento de confianza, sino que está vinculada, aunque de forma indirecta, con el mandato popular mediante su designación parlamentaria. Los vocales del CGPJ se deben exclusivamente a este mandato en la defensa de sus posiciones sobre la justicia. Nadie consideraría obligada la dimisión de un diputado por el hecho de criticar el funcionamiento del Parlamento.

Por otra parte, no sería deseable que la denuncia hecha por el vicepresidente del CGPJ derivase, interiormente, en una guerra partidista entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y los propuestos por el PP, el más relevante de los cuales es precisamente Manzanares. Sería tanto como dar la razón a quienes descalifican la designación parlamentaria de los vocales del CGPJ aduciendo que ello politiza la justicia, enfeudando la institución a los intereses y a las tácticas de los partidos.

Es cierto que la derecha judicial fue reticente, primero, ante la creación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano concebido por el movimiento de Justicia Democrática en las postrimerías del franquismo e incluido en la Constitución con el aval de los partidos de la oposición democrática a la dictadura. Y que, una vez que copó la totalidad de las vocalías atribuidas al estamento judicial en el primer Consejo General del Poder Judicial (1980-1985), intentó hacer de esta institución una especie de baluarte frente a las políticas reformistas de los Gobiernos de UCD y del PSOE.

Precisamente, para evitar la utilización corporativista por parte de los jueces del órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado -el judicial- los socialistas establecieron en 1985 la designación por el Parlamento de todos sus miembros. Pero paralelamente redujeron drásticamente sus competencias. Desde entonces acá la contradicción es inocultable: la institución ha reforzado su legitimidad de origen, es más representativa, pero incide poco en el ámbito de la política judicial.

Esta incoherencia es, justamente, lo que señala el diagnóstico del vicepresidente del CGPJ. Todos los vocales deberían estar interesados en resolverla con fórmulas institucionales, más oportunas que el voluntarismo bienintenciado de algunos de ellos, y no permitir que esta tarea -razonable y constitucionalmente exigible- sea monopolizada por otras fuerzas y opciones políticas.