Pujol reafirma la moderación del nacionalismo y fija sus condiciones para la paz autonómica

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reafirmó ayer su voluntad de actuar dentro de la línea moderada, pactista e inserta plenamente en el contexto español. En el discurso de apertura del año parlamentario, Pujol despejó con energía las dudas sobre una inflexión radical en el nacionalismo catalán como consecuencia de la independencia de las repúblicas bálticas. Tras rechazar cambios en la Constitución y en el estatuto, Pujol reiteró que se mantiene en la exigencia de una política autonómica no restrictiva y fijó las cuatro condiciones para un buen entendimiento con el Gobierno central en materia autonómica.

Un Pujol muy seguro de sí mismo, convencido de que la evolución política de Europa en los últimos años justifica las tesis de los nacionalistas moderados, lanzó ayer su oferta de acuerdo con los socialistas. Se trata de la renovación de reclamaciones ya expresadas por él en anteriores ocasiones a las que ahora otorga, dijo, mayores posibilidades de ser atendidas. Pujol basó esta confianza en el cambio de actitud del Gobierno al reconocer el hecho diferencial catalán, en que el Ejecutivo ha dicho que "quiere hablar" y en que "de una forma u otra todos admiten que el Estado de las autonomías tiene que modificarse".La primera de las exigencias de Pujol es que la Generalitat sea cada vez más "el Estado en Cataluña" en vez de ser sólo una administración subsidiaria. Pujol acompañó esta afirmación con la rotunda proclamación de que estaba hablando del Estado español y no de un estado catalán. "Para la gran mayoría de cosas", dijo, "no debe haber dos maneras de que el Estado esté presente en Cataluña. Debe haber una sola, que es la Generalitat".

La segunda reclamación fue el reforzamiento del estatuto jurídico del catalán, al que el presidente autonómico desea dar un cierto grado de territorialidad, especialmente en la función pública. Aunque admitió una mejora al respecto en los últimos años, Pujol insistió en que mientras todos los funcionarios no estén obligados a atender en catalán a quien lo desee no será posible "que los catalanes puedan vivir en catalán".

Pujol concretó Así algunas de las pretensiones de su Gobierno respecto al catalán: que sea reconocido como idioma oficial español y, por lo tanto, como elemento de alto significado político, pueda ser utilizado "como mínimo" en el Senado; también pidió que el Gobierno colabore en la creación y mantenimiento de cátedras de catalán en el extranjero y posibilite su estudio en el resto de España.

A ello añadió Pujol que el reconocimiento de la especificidad de la cultura catalana como cultura propia de Cataluña debe traducirse en el reconocimiento de la competencia exclusiva de la Generalitat en este ámbito. "Cualquier actuación del Estado", especificó, "quedaría supeditada a la aceptación de la Generalitat en materia de ordenación, inversiones y subvenciones".

74.410 pesetas

Donde Pujol puso mayor énfasis fue, no obstante, en la mejora de la financiación de la Generalitat, que fue la tercera de sus reivindicaciones. Reiteró que el actual sistema discrimina a Cataluña porque la Generalitat dispone para 1991 de una financiación inferior a la media de las comunidades autónomas del artículo 151 de ¡a Constitución: 74.410 pesetas por habitante frente a 79.179. La desigualdad se acentúa, dijo, al comparar la financiación de las comunidades de régimen común con las forales. En 1990, esta financiación fue de 73.225 pesetas por habitante para las primeras frente a 140.878 para las segundas, que son sólo Euskadi y Navarra.

A ello agregó el presidente autonómico que Cataluña aporta el 19% de los ingresos del Estado en concepto de impuestos y Seguridad Social y recibe sólo el 13% del gasto de la Administración. En la práctica, eso significa que un catalán paga el 20% más del promedio español y el 25% más si de este promedio se excluye Cataluña.

Esta exposición le permitió a Pujol afirmar, "para que quede claro en Cataluña y fuera de Cataluña", que la tasa de solidaridad se ha pagado "con creces". El presidente de la Generalitat se preguntó, con vehemencia y elevando el tono del discurso: "¿En nombre de qué se nos reclama solidaridad a nosotros, cuando hay quien percibe 140.000 pesetas por habitante mientras Cataluña recibe 74.000?".

Esta situación perjudica, señaló Pujol, a los ciudadanos de Cataluña que, Constitución en mano, tienen derecho a recibir el mismo trato que los del resto de España. Para superar esta situación, Pujol reiteró que la Generalitat reclama la gestión, recaudación, liquidación e inspección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En su última exigencia, Pujol se refirió a "la guerrilla" de las competencias y reiteró la queja sobre la abusiva utilización del concepto de base legislativa y la recuperación por el Gobierno de competencias ya traspasadas. "No creo que para resolver esta cuestión sea necesario cambiar la Constitución y el Estatuto", sostuvo. Lo que sí debe cambiar, aseguró, es la "cada vez más antiautonomista" doctrina del Tribunal Constitucional".

El presidente catalán invitó al Gobierno a no desatender la oferta de acuerdo que formulaba. Y expresó esta advertencia: "La historia está llena de ejemplos en los que se ha lamentado no haber hecho caso en un momento determinado de un interlocutor de espíritu constructivo y positivo". La intervención de Pujol fue retransmitida en directo por la radio y la televisión autonómicas.