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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sin referencias

RESULTA YA casi un tópico iniciar un comentario sobre el balance anual de la justicia, con motivo de la inauguración del año judicial, denunciando la escasez de medios como justificación de la lentitud de los mecanismos e instituciones que deben administrar justicia. Pero quizá lo significativo del presente año haya sido el ambiente previo inmediato en el que se desarrolló el acto, pues no es frecuente que el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declare públicamente que el organismo institucional está muerto. Pese a la rotundidad de las afirmaciones, el presidente del CGPJ eludió en su discurso cualquier referencia a la actualidad inmediata, optando por una reflexión academicista.Es evidente que, si se quiere un ajusticia más ágil, dinámica y, por tanto, menos perjudicial para los administrados, debe dotarse presupuestariamente acorde con las necesidades. Es pronto para saber si en los próximos Presupuestos Generales del Estado la partida dedicada a la justicia sufrirá recortes notables. Es posible que haya alguno, en cuyo caso el próximo balance será aún más desalentador. Nótese, para valorar cuantitativamente el estado de la cuestión, que el Tribunal Supremo reconoció en su memoria tener cerca de 40.000 recursos sin resolver en el primer semestre del año. Pero si el dinero es importante, justo es señalar que las críticas surgen también sobre la pérdida de identidad del CGPJ, acusado con frecuencia de estar excesivamente próximo al poder ejecutivo. Una cuestión que exige un debate amplio y que, sin duda, en la inauguración del año judicial tenía una de sus tribunas más idóneas. Resulta ineludible que los jueces, claves en el entramado de la administración de la justicia, se identifiquen con el Consejo y tengan en dicho organismo un punto de referencia claro, lo que actualmente es, cuando menos, discutible.

La lentitud, o cómo remediarla, fue una de las referencias claves del fiscal general en su discurso de presentación de la memoria, en el que no faltaron llamadas a la buena voluntad de los mayores como educadores idóneos de los jóvenes. A su juicio, una de las necesidades inmediatas es la reforma del sistema procesal, potenciando las competencias de los fiscales en los procesos, para lo que deben contar con la capacidad de investigación de dicho ministerio. Es una posibilidad más de las varias posibles, pero todas ellas exigen previamente el incremento presupuestario.

El fiscal general del Estado no dudó en señalar la necesidad de reformar también el Código Pena¡, por cuanto éste se establece casi únicamente en torno a la pena privativa de libertad, un concepto superado con frecuencia por las posibilidades reales de ser aplicado -el desfase entre la población reclusa y la capacidad de las instituciones penitenciarias es cada vez mayor, de ahí el frecuente hacinamiento- y también por la evolución social de los hábitos y costumbres, los nuevos problemas. En definitiva, la situación actual de la justicia exige un incremento de medios -materiales y humanos- y un debate en torno a las reformas de las leyes y al papel de las instituciones encargadas de velar por su aplicación.

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