Arriba el telón

EL MUNDO que dejaron los ministros y parlamentarios al irse de vacaciones es distinto al que han encontrado a su vuelta. Como consecuencia de los fenómenos producidos allende las fronteras, nuevos motivos de inquietud han aparecido en el horizonte; pero ninguno de los que ya existían ha desaparecido: los derivados de la incompatibilidad entre algunos desequilibrios de la economía española y la inminencia del mercado único europeo, en primer lugar, pero también los relacionados con el mal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, por una parte, y la gestión de la fiscalidad, por otra. Son problemas que en su día fueron evocados, entre otros, para justificar la conveniencia del adelanto de las últimas elecciones legislativas. La provisionalidad derivada de la impugnación de algunos escaños de los que dependía la mayoría absoluta; la prolongada agonía de Alfonso Guerra en la vicepresidencia, que retrasó -por motivos que no eran de interés general- la remodelación del Gobierno; la campaña para las elecciones locales, abierta cuando los nuevos ministros acababan de tomar posesión; la larga gestación de los pactos municipales, y luego, las vacaciones: así es como, casi dos años después, todo está más o menos como estaba. De ahí que la oposición de centro-derecha haya podido acusar al Gobierno de parálisis y a la legislatura en su conjunto de fallida.Ello es en parte exagerado. Parálisis es otra cosa. Pero una falta de iniciativa sí que es manifiestamente perceptible, sin que sea posible culpar de todos los males a la ausencia de voluntad negociadora por parte de los sindicatos. El modelo sanitario, por ejemplo, no depende, o no en primera instancia, de la actitud de Redondo y Gutiérrez. Se conocieron las conclusiones de la comisión Abril, pero en cuanto se oyó el primer abucheo nadie ha tenido la valentía política de reivindicar, total o parcialmente, esas conclusiones. El objetivo de reducir el déficit público conduce a recortes presupuestarios cuya justificación, en particular en lo que se refiere a los gastos de inversión, todavía no se ha intentado. La cuestión es si es porque se carece de argumentos o porque existen desacuerdos graves en el seno del Gobierno.

Un ejemplo: Borrell ha insinuado la posibilidad de cobrar un canon por circular por ciertas carreteras. Existe un viejo debate sobre si las autopistas han de ser pagadas por todos los ciudadanos, vía impuestos, o sólo por quienes efectivamente las utilizan, vía precio del peaje. Pero siempre se había entendido que ese debate se refería a aquellas carreteras rápidas que venían a completar, no a sustituir, las de la red pública ya existente. ¿Con qué argumentos justificar que los ciudadanos que pagan sus impuestos hayan. de satisfacer además un plus por circular por la única carretera que une dos localidades? ¿Qué atractivo electoral puede tener el partido de un Gobierno que plantea tales cosas?

Los socialistas difícilmente repetirán los resultados de 1989,'que les dieron la mitad del Congreso. No parece lógico, por tanto, que vayan a adelantar sustancialmente las elecciones, previstas en principio para octubre de 1993, por mucho que el PP insista en ello. Tampoco se vislumbra una política de alianzas clara que sustituya la del pacto con centristas y nacionalistas que ha venido funcionando desde comienzos de 1990. A expensas de lo que ocurra en el congreso del CDS, no parece que el apoyo de sus 14 diputados vaya a estar barato después del descalabro de las municipales de mayo. En cuanto a los nacionalistas vascos y catalanes, la coyuntura báltica parece escasamente propicia para reeditar los acuerdos. La pendiente renovación del Tribunal de Cuentas, para la que se necesita mayoría cualificada (tres quintos), dará tal vez una pista de las intenciones de unos y otros, pues los 210 votos necesarios sólo son posibles si a los 175 escaños del PSOE se suman los del PP o la suma de centristas y nacionalistas vascos y catalanes.