Abuso telefónico

El año pasado, a la vuelta de las vacaciones, me encontré en mi casa con una desorbitada factura de teléfono, muy superior a lo que venía pagando desde que contraté la línea cuatro años antes. Lógicamente, reclamé a Telefónica, donde, tras una serie de comprobaciones, dijeron no haber encontrado ninguna anomalía.Desde entonces, mis facturas telefónicas se han mantenido siempre por encima de las 25.000 pesetas, lo que no tiene ningún sentido, ya que en casa sólo vivimos mi marido y yo y hacemos un escaso uso del teléfono. De hecho, antes de aquellas vacaciones, nuestras facturas estaban siempre entre las 6.000 y las 7.000 pesetas.

He recurrido todas y cada una de las facturas; algunas de ellas ante la Delegación del Gobierno en Telefónica. Para ello he aportado las pobres pruebas de que dispongo como usuario y que consisten en presentar los recibos anteriores a aquellas vacaciones. Llegué a contratar un servicio de fácturación detallada, pero éste sólo registra las conferencias interurbanas, de modo que la prueba sirve de bien poco, ya que, además, en mi caso apenas las realizamos. Recientemente me han cambiado el número, pero la facturación sigue siendo igual de elevada.

¿Cuál es el problema? ¿Tendré la línea intervenida? ¿De qué otros medios de prueba dispongo? ¿Cuál es la defensa de quienes están con el mismo problema frente a la todopoderosa y monopolística Compañía Telefónica?

Si dejo de pagar, me cortan el teléfono. Quizá sólo me queda el recurso de seguir un largo y costoso proceso administrativo, pero vislumbro que en definitva, en este contencioso sólo pesa la palabra del usuario frente a una compañía que, ni en casos excepcionales, es capaz de detallar todas las llamadas; una compañía, en definitiva, que exige el pago de una factura sin poder justificar el servicio que la ocasiona.