Un juez autoriza privilegios a etarras presos en Tenerife

El fiscal de vigilancia penitenciaria de la prisión de Tenerife II, Diego Domingo León, ha recurrido un auto del juez Manuel Arce en el que ordenaba el reconocimiento de beneficios carcelarios solicitados por nueve presos de ETA en este centro, por entender que algunos son contrarios a la ley. El auto ha causado malestar en la dirección y en los funcionarios de la cárcel.

Durante las visitas del juez a la cárcel, los etarras le pidieron que les reconociera el derecho a recibir visitas de amigos, concejales y abogados, además de sus familiares; posibilidad de mantener comunicaciones vis a vis; visitas intermódulos; poder comunicarse por teléfono en euskera; que se les permitiera comunicarse con compañeros de otros centros penitenciarios; posibilidad de certificar cartas intercarcel arias y recibir paquetes de comida; cacheos respetuosos y ordenados y la reagrupación de todos ellos, reclusos peticionarios, en un mismo módulo.En un auto dictado el pasado 30 de julio, el juez Arce reconoce la pertinencia de las quejas presentadas por los etarras -con las excepciones, de las visitas intermódulos y la agrupación de los etarras en un sólo módulo- y ordena el envío de su resolución al director de la prisión, José Trenas, al fiscal de Vigilancia Penitenciaria y a los internos.

El pasado 12 de agosto, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria interpuso un recurso contra el auto del magistrado Arce en el que solicita la anulación de varios de los beneficios reconocidos por el juez por considerarlos "antijurídicos". "Las visitas vis a vis no se concederán a los internos penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes. Este es el caso arquetípico de estos internos", dice el fiscal.

Sobre el derecho de comunicarse en euskera por teléfono, el fiscal considera que "la intervención a que están sometidos estos internos, tanto en sus comunicaciones escritas como orales, sería inutil al no conocerse lo que dicen interno e interlocutor". En cuanto a telefonear a internos de otros centros, el fiscal opina que según la ley, "estas llamadas sólo podrán realizarse en supuestos excepcionales y autorizados por el director de la prisión".