La cúpula militar podrá no declarar sus intereses en empresas

El jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de los tres ejércitos no están obligados a declarar su participación o la de sus familiares directos en empresas, según la interpretación que el Ministerio para las Administraciones Públicas ha realizado del real decreto por el que se creó el registro de intereses de altos cargos. Se da así la paradoja de que los miembros de la cúpula militar, que tienen rango administrativo de secretarios de Estado o subsecretarios y manejan presupuestos de decenas de miles de millones de pesetas, escapan a un control que afecta a los directores generales de todos los departamentos e incluso a los gobemadores civiles."En el registro de altos cargos no existe inscripción alguna referida a la siguiente persona [...] por no estar incluida dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 222/1990, de 16 de febrero". Esta declaración, firmada por María Jesús Jiménez de Diego, jefa del Servicio del Registro de Intereses de Altos Cargos, ha sido la respuesta que ha obtenido EL PAÍS cuando se ha interesado por conocer las vinculaciones empresariales del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gonzalo Rodríguez MartínGranizo; del jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos Vila, y del jefe del Estado Mayor del Ejército, Ramón Porgueres.

Tampoco figuran en dicho registro inscripciones referidas a sus antecesores en el cargo. La excepción la constituye el actual jefe del Estado Mayor del Aire, Ramón Fernández Sequeiros, quien sí realizó una declaración negativa de intereses, aunque parece ser que ésta se produjo cuando era director del gabinete técnico del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra.

Fuentes próximas a Administraciones Públicas indicaron que la dispensa concedida a la cúpula militar se debe a que "el decreto de creación del registro no los menciona explícitamente". Sin embargo, el citado decreto agrega, al citar a los subsecretarios, que deben incluirse "los equiparados a ellos". Los jefes del tres ejércitos están homologados con los subsecretarios, mientras que el jefe del Estado Mayor de la Defensa tiene rango de secretario de Estado.

La dispensa a los militares impide saber si directamente o a través de su cónyuge o hijos menores tienen participaciones superiores al 10% en empresas; si tienen intereses en compañías de obras, servicios o suministros concertados con la entidad en la que desempeñan sus funciones; si dirigen, asesoran o administran alguna sociedad; o si participan en consejos de administración de organismos con capital público.

Funcionarios públicos

En la práctica, les deja al márgen de la propia ley de incompatibilidades de altos cargos que, tras la reforma que entró en vigor en marzo de este año, señala que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil".Los militares, en su calidad de funcionarios públicos, sí están afectados, en cambio, por la ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que les impide "ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado". Igualmente, les está vetado "el desempeno de actividades privadas en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público". No alude a sus familiares.

El trasvase de militares a empresas privadas del sector de armamento cuando pasan a la reserva, incluso la reserva transitoria, en la que siguen percibiendo el 100% del sueldo, es una práctica cada vez más frecuente en los últimos años.