Más droga
LA CONTABILIDAD de las muertes a causa de la droga en España sigue reflejando un sombrío, y creciente, número de víctimas. No sólo a causa de su consumo, sino por el mercado criminal que le rodea. Es más, según los datos de la fiscalía antidroga publicados por este periódico, los menores de 16 años adquieren cada vez mayor notoriedad en este trágico censo. La reciente imagen de El Ratilla, un chaval de 10 años, drogadicto desde los ocho y pequeño mercader de narcóticos, no es una rareza y pone en evidencia la permeabilidad social a estos venenos que roen la persona y su entorno.El informe de la fiscalía incluye, junto a este lamentable recuento de 690 muertos por droga en 1990, algunas recomendaciones sobre medidas a tomar. Una, y muy importante, es que España incorpore sin más tardanza a su legislación los textos internacionales que ha suscrito y las directivas comunitarias sobre una materia tan clave como la colaboración bancaria en la persecución de los traficantes. Los bancos españoles cancelaron el año pasado 224 operaciones y cuentas de supuestos narcos. Las cancelaron, pero no denunciaron a los sujetos de estas sospechosas operaciones. La banca argumenta que no existe protección legal en caso de denuncia infundada. Dar las garantías suficientes a los denunciantes, perseguir los silencios cómplices de quienes mercadean con el dinero manchado del narcotráfico y limitar el secreto bancario son medidas urgentes si se quiere mermar este lucro asesino. Perseguir el blanqueo de este dinero, desmontar la ingeniería financiera que permite disfrutar de estas ganancias criminales en respetables negocios inmobiliarios o financieros es un paso importante en la lucha contra la droga, y, sin embargo, es un paso que no se ha dado con decisión.
La fiscalía propone una corrección de la normativa penal para mejorar la eficacia en la persecución del narcotráfico. La mejora técnica de un código aún decimonónico en muchos aspectos es indiscutible, pero hay que alertar sobre todo intento de menguar -bajo el cobijo de una lucha más eficaz contra la droga- la protección jurídica de las personas, como ha ocurrido con el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Por el contrario, la inclusión en él Código Penal de una atenuante o eximente para el traficante arrepentido, como lo han hecho Venezuela, Francia, Alemania, Bélgica o Portugal, permitiría gratificar un auxilio muchas veces básico en la persecución de este delito.
Con todo, debe evitarse que la angustia social que crea el drama de la droga se canalice hacia un discurso simplemente represor. No hay razones definitivas para abandonar una reflexión serena sobre una eventual legalización de las drogas, con el subsiguiente control sobre sus consumidores, y el desvío de los actuales mecanismos de este lúgubre negocio.
