El juez dicta una orden de búsqueda para detener al traficante de 10 años
El juez dictó ayer la orden de búsqueda y presentación para volvera detener a Adolfo, El Ratilla, un narcotraficante y drogadicto confeso de diez años capturado el lunes en una chabola de Entrevías que se fugó horas después de un centro de acogida. Sin responsabilidad penal, El Ratilla ha vuelto a la espiral de la droga. Le espera otra: se enfrenta a decisiones judiciales contradictorias, a la espera de una ley que ampare a chavales como él.
Unos 15 policías, entre antidisturbios y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a las órdenes del comisario de Carabanchel, Andrés Aguirre, acompañaron ayer por la mañana a un equipo de televisión al poblado, según fuentes policiales, acudieron a la chabola del muchacho y no lo encontraron. Anoche las pesquisas no habían dado resultado.El Ratilla fue llevado al centro de primera acogida de Hortaleza, uno de los tres que hay en la Comunidad. Un lugar donde un equipo multidisciplinario recibe al chaval, elabora un informe sobre él y hace una propuesta al juez. Con Adolfo no hubo tiempo: se escapo, una vez más. Los responsables del centro afirmaban ayer no poder contestar a ninguna pregunta o autorizar una visita sin previa autorización escrita de la Consejería de Educación.
Labor educativa
El subdirector del centro de acogida de Carabanchel, José María González, asegura: "Todos los menores que pasan por aquí [unos 160 al año] presentan siempre serios problemas familiares". Se trata, según González, de devolver a los chavales su autoestima a través de las actividades del centro. "Nuestra labor", dice, "es educativa, no punitiva. Fugarse no es dificil pero tratamos que entiendan que no vale la pena hacerlo". Contención personal en vez de física. El Ratilla se resistió. Para Aurora Herrero, educadora de la comunidad, la única forma de rehabilitar a los menores es en su propio ambiente. "Tienen que desenvolverse en el sitio donde van a vivir. El internamiento es una situación artificial y sólo debe usarse en casos extremos", apunta.El juez hubiera podido decidir sobre el chaval cualquier cosa: en febrero pasado el Tribunal Constitucional derogó el artículo 15 de la Ley Tutelar de Menores, vigente desde 1948. Desde entonces los propios jueces deben llenar el vacío producido mientras se elabora una nueva ley. Están decidiendo sobre la suerte de los menores "de la mejor manera posible", según Ramiro Ventura, juez de menores desde 1988. "Estamos aplicando una legislación cuya filosofía es totalmente obsoleta además de inconstitucional, afirma Ventura. "Trata al menor como un proyecto de ser y al menor que delinque como un enfermo al que hay que tratar con métodos terapéuticos. Por eso no se le aplican las garantías constitucionales, como el derecho a ser oído, a un juicio público, a la presencia de un abogado y un fiscal", añade.
Las comunidades autónomas son responsables en cuanto a protección y reforma de menores. En España hay 38 centros de reforma, pero desigualmente distribuidos. En la Comunidad de Madrid hay tres centros de este tipo con capacidad para 50 personas. También hay 20 centros de protección -que acogen a niños maltratados, abandonados, etcétera- con un total de 1.800 plazas. La comunidad se gasta al año 6.000 millones de pesetas en mantenerlos y pagar a las 1.500 personas -educadores, médicos y personal de mantenimiento- que los gestionan. "Todo el sistema de reforma está basado en leyes contradictorias o inconstitucionales. Es como un castillo de naipes", dice González. El mes pasado, ante el vacío dejado por la decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo elaboró finalmente un anteproyecto de ley de menores. Según este anteproyecto será fiscal quien dirija la investigación y el menor será informado de los hechos que se le imputan, así como de su derecho a no prestar declaración. En los juicios de menores el juez podrá acordar que las sesiones no sean públicas. Para el juez Ventura, "es una reforma hecha a patadas. Sigue basándose en la ley de 1948, que es inconstitucional". Gracias a la "desidia del Gobierno", los angelitos siguen sin ley.
