Lo que está en juego

ES DEMASIADO importante lo que está en juego en el asunto de la autovía de Guipúzcoa como para contentarse con el habitual intercambio de reproches. Sería irresponsable favorecer el deseo de ETA de dividir a las fuerzas democráticas, y absurdo, que el motivo de división fuera la forma de hacer frente a las amenazas de los propios terroristas. Durante años, ETA y HB han aprovechado esas diferencias de criterio para desviar la atención hacia cuestiones colaterales y evitar que llegaran a plasmarse en iniciativas viables los acuerdos de principio sobre la necesidad de oponerse de manera unitaria a las pretensiones de los violentos. Por ello conviene recordar, de entrada, que no es equiparable la responsabilidad del chantajista y la del chantajeado: cualquiera que sea la opinión que se tenga de la respuesta intentada por el nuevo diputado general de Guipúzcoa, Eli Galdos, no es justo perder de vista que han sido ETA y sus vicarios quienes desafiaron, con el argumento supremo de la muerte, a las instituciones democráticas.La aceptación por parte de Galdos de la oportunidad de explorar eventuales salidas ofrecidas por la coordinadora antiautovía pudo pecar de ingenuidad, pero ello no es motivo suficiente de reproche: con mayores o menores cautelas, cualquier otro diputado general hubiera seguramente hecho lo mismo. Sin embargo, hay suficiente experiencia como para saber que la condición para cualquier contacto de ese tipo

es el recliazo de toda fórmula que suponga aceptarque la violencia es eficaz para obtener objetivos políticos. Si el resultado ha sido tan desastroso, es porque se ha cedido a la lógica del radicalismo abertzale.- una lógica según la cual en Euskadi hay dos legitimidades paralelas, la de los violentos y la de los demás, por lo que es inevitable un consenso entre las fuerzas que re.presentan a cada una de ellas; y que para evitar nuevos actos violentos es imprescindible que la mayoría se pliegue a las exigencias de la minoría.

Que tal lógica fue implícitamente asumida lo demuestran las manifestaciones del diputado general en el sentido de que "ellos han cedido más". Absurda consideración, equivalente a la del extorsionado que alardeara de haber conseguido que el gánster de su barrio le aceptase la entrega de un millón en lugar de los 10 que le había exigido. También es absurdo afirmar que se trata de "ampliar el consenso existente". Tal cosa sólo podría ocurrir sobre la base del proyecto previamente consensuado,'no del presentado como alternativa por la minoría disidente. Arriesgar el acuerdo tan trabajosamente logrado entre todas las fuerzas democráticas a cambio de sumar a él a esas 50 personas reunidas en magna asamblea popular parece cosa poco prudente. "Una chapuza", según la expresión de Garaikoetxea, para quien el arreglo urdido supone delegar el poder de decisión de las instituciones vascas en Artapalo, el jefe de ETA.

Pero no es coherente el ex lehendakari cuando de esa denuncia deduce la posibilidad de darse de baja del Pacto de Ajuria Enea, constituido precisamente para hacer frente a Artapalo y a cuantos pretenden imponerse por la fuerza. Al revés, su presencia en ese pacto es lo que da autoridad a su partido para exigir del PNY, en nombre de los principios compartidos, una rectificación.

Es justo esperar que ésta se produzca cuanto antes, pero en poco ayuda a restablecer el consenso democrático una escalada de descalificaciones y exigencias de dimisiones como la que, para regocijo de los que envían cartas bomba y sus ecológicos portavoces, ahora parece aflorar. La precipitada adjudicación, en plena campaña electoral, de las obras de la autovía por parte de la anterior corporación -integrada por Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra-, -la ambigua reacción inicial de los socialistas, socios del PNV en la nueva corporación, así como de algún portavoz del PP, podrían dar lugar a un fuego cruzado del que nadie, excepto HB y ETA, sacase beneficio. Una de las razones de la superioridad del sistema democrático es que permite rectificar los errores. Nada impide al PNV hacerlo, y algún indicio de ello hay en sus matizaciones sobre el alcance del acuerdo: conseguir que HB presente su alternativa en la institución correspondiente.