Eusko Alkartasuna y el PP piden la dimisión de Galdos

El desacuerdo entre las distintas formaciones políticas vascas sobre el cambio de trazado de la autovía Irurtzuri-Andoain suscitado a raíz de las conversaciones entre el diputado general de Guipúzcoa, Eli Galdos, y la coordinadora Lurraldea, ha llevado a Eusko Alkartasuna (EA) y al Partido Popular (PP) a pedir la dimisión de Galdos, al que califican de: "irresponsable". La ejecutiva de EA estima que Galdos ha demostrado con su actitud una "absoluta falta de respeto a las instituciones" y "una deslealtad" para con los otros partidos políticos, al haber acordado la modificación sin contar con el apoyo de los partidos del "bloque democrático".Los miembros de EA optan por el actual trazado, que discurre en su mayor parte por el valle de Leizarán, por ser el que cuenta con el apoyo de todas las instituciones. Los responsables de esta formación política son los que han pronunciado calificativos más duros contra el acuerdo. En la pasada legislatura, con Eusko Alkartasuna en el Gobierno de la Diputación foral de Guipúzcoa, se aprobó el proyecto por el que debería discurrir en esta provincia la autovía y se rechazó por parte de todos los partidos del "bloque democrático" cualquier acuerdo con quienes apoyan la violencia.

El PP cree que el cambio de proyecto supondría una "tomadura de pelo" al ciudadano. "Hasta ahora se ha dicho que el mejor era la Alternativa 2 -la oficialmente aceptada-; lo que no se puede hacer es modificarla porque exista un pulso entre ETA y las instituciones", señaló el parlamentario del PP Gregorio Ordoñez. Una modificación como la que se está planteando, según Ordoñez, demostraría que "vale más una metralleta que un voto". ,

Por otro lado, la presidencia de Izquierda Unida y la dirección de IU-Ezker Batua en el País Vasco y Navarra consideran que el principio de acuerdo entre Efl Galdos y la coordinadora Lurraldea "carece de la mínima solvencia exigible". "El trazado de la autovía de Leizarán ha sido objeto de acuerdo institucional y compromiso electoral de las fuerzas que ostentan responsabilidades de gobierno., Un cambio de opinión, siempre legítimo, hubiera exigido una explicación institucional previa", según IU.