El Gobierno reduce de 18 a 13 meses la prestación social de los objetores

El proyecto de ley del Servicio Militar, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, incluye una disposición adicional por la que se reduce de 18 a 13 meses la duración de la prestación social sustitutoria (PSS) de los objetores de conciencia, según fuentes de la Administración. Con esta medida se cumple la promesa electoral de reducir la duración de la PSS de manera proporcional a la reducción de la mili, que pasa de 12 a nueve meses.La disposición adicional modifica el artículo octavo de la ley de Objeción de Conciencia, de 26 de diciembre de 1984, que fija entre 18 y 24 meses (aunque se aplica la cifra inferior) la duración del periodo de actividad de los objetores. En su nueva redacción, dicho periodo queda fijado entre 13 y 18 meses, por lo que se mantiene la proporción de que la PSS dure entre un 50% y un 100% más que el servicio militar. También se reduce a tres años la permanencia de los objetores en la reserva, el mismo tiempo previsto para la mili.

Con la inclusión en el proyecto de ley del servicio militar del acortamiento de la PSS, el Gobierno evita también un debate global de la ley de Objeción de Conciencia, que salvo en este punto concreto no quiere reformar, en contra del criterio de nacionalistas vascos y catalanes, CDS e Izquierda Unida.

Empleos públicos

Por otra parte, el artículo más polémico de la ley, referido al acceso a la Función Pública, que fue modificado durante la propia reunión del Consejo de Ministros, ha quedado redactado de forma que quienes acrediten haber cumplido el servicio militar o la prestación sustitutoria, o estar excluidos de dicha obligación, tendrán preferencia a la hora de conseguir un empleo público.Ello significa que los jóvenes licenciados de la mili o la PSS tendrán más ventajas que quienes, por voluntad propia o por razones ajenas, hayan visto aplazado el cumplimiento del servicio obligatorio, entre los se cuentan los insumisos y los que disfrutan de prórroga por estudios. En cambio, esta disposición no afecta a las m y a los excluidos del servicio militar por razones de salud, que gozarán de idéntica preferencia que si lo hubieran cumplido.

La pretensión inicial de Defensa era que el cumplimiento del servicio militar o civil, o el cerfificado de exclusión, fuera requisito indispensable para consolidar un empleo en las administraciones públicas. También se incluía en el proyecto de Defensa la misma exigencia para licitar en concursos de prestación de bienes y servicios a las administraciones públicas, pero esta cuestión, que resultaba muy problemática, dada la naturaleza jurídica de las empresas, ha sido totalmente suprimida.

Pese a ello, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, se ha mostrado satisfecho con la redacción de la disposición, por considerar que se cumple el objetivo de "estimular" el cumplimiento de la mili y la PSS.