Urbanización Manilva

Ante la publicación de un anuncio publicitario el pasado día 2 de julio, en la página 31 de EL PAÍS, con el título La urbanización Aldea Beach de Manilva podrá reiniciar las obras y reclamará 500 millones a Costas, este Ministerio desea exponer la realidad de los hechos contenidos en el mismo.En este sentido, debe señalarse que el auto, que no sentencia, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1991, revoca y deja sin efecto el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 2 de octubre de 1989, que acordaba la suspensión de las licencias números 111/88, 112/88 y 252/87, otorgadas por el Ayuntamiento de Manilva, en el recurso contencioso-administrativo instado por la Junta de Andalucía.

En dicho procedimiento, que es al que hace referencia el anuncio publicado, no es parte la Administración del Estado.

Por el contrario, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración del Estado contra la licencia número 111 / 88 (centro comercial), se encuentra en fase de apelación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo sin que haya recaído sentencia.

En consecuencia, toda la información que se vierte en dicha publicidad sobre manipulación y modificación de datos por la Demarcación de Costas de Málaga, exigencia de responsabilidad e indemnización al jefe de dicha demarcación y, subsidiariamente, a la Administración del Estado, etcétera, carecen del más mínimo sustento y, por tanto, pretenden equivocar a la opinión pública, existiendo materia, incluso, para el ejercicio de posibles acciones legales por este departamento, si así se estimase procedente ejercerlas.

Por último, debe señalarse que las actuaciones desarrolladas por la Demarcación de Costas de Málaga, en relación con la promoción de viviendas que llava a cabo Aldea Beach, SA, en el término municipal de Manilva, amparadas por la licencia municipal de obras posterior a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas, se concretan en la incoación y tramitación de un expediente sancionador por construcción de viviendas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que dio lugar, previo examen del cumplimiento de todos los requisitos legales por los correspondientes servicios de este departamento, a la resolución ministerial de 9 de abril de 1990, por la que se resolvió la imposición de una multa y levantamiento de las obras realizadas, con reposición y restitución de las cosas a su anterior estado. Todo ello, en aplicación de la Ley de Costas y en defensa del interés general que este departamento tiene encomendado. Contra esta resolución, Aldea Beach, SA, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, sobre el que ha recaído sentencia.

En consecuencia, no es correcto aprovechar la publicidad de la urbanización de referencia para utilizar, en contra de la Administración del Estado y de sus funcionarios, el contenido de un auto del Tribunal Supremo que no resuelve el fondo del asunto y en cuyo procedimiento, limitado al levantamiento de la suspensión de determinadas actuaciones, no ha participado la Administración del Estado.-

José Manuel Zorrilla, jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.