Pons afirma que el Parlamento no debe exigir responsabilidades políticas a sus miembros

El presidente del Congreso, Félix Pons, afirmo ayer de forma tajante que el Parlamento no debe "exigir responsabilidades políticas a los diputados", ya que éstos sólo deben responder "ante los ciudadanos, y eventualmente, ante sus partidos". Pons siempre ha defendido esta tesis -"que es la misma que mantienen los países democráticos"- con el recordatorio de que a los parlamentarios sólo se les debe exigir que cumplan sus obligaciones según las marca el reglamento, en el sentido de que no incurran en incompatibilidad y que no utilicen su condición de diputado para beneficiarse en actividades financieras.

Las alusiones del presidente del Congreso, Félix Pons, que ayer hizo su valoración respecto a lo que ha sido el cuarto periodo de sesiones de la cuarta legislatura, en relación a si el Parlamento puede o no exigir responsabilidades políticas a sus miembros iban referidas al llamado caso Filesa, y en concreto al diputado Carlos Navarro, a quien se le atribuye participación en presuntas irregularidades en la financiación del PSOE. La opinión de Pons, no obstante, es la misma que expresó en mayo de 1990, cuando saltó a la opinión pública el llamado caso Naseiro, en el que se vio involucrado el diputado del Partido Popular Angel Sanchis.Félix Pons no se aparta de la doctrina reglamentaria y apela a la similitud de España en este sentido con "todos los países democráticos", para insistir en que el Parlamento no puede ni debe exigir responsabilidad política a los parlamentarios, no así al Gobierno, que sí está sometido al control político de las Cámaras, "Los diputados responden políticamente ante los ciudadanos, y eventualmente, ante sus partidos, y no ante el Parlamento".

Acusaciones

Según esta teoría, mantenida fundamentalmente por los socialistas, las responsabilidades políticas no deben dirimirse en las Cámaras, ya que existiría el riesgo de que con acusaciones entre unos y otros se pudiera alterar la composición de las mayorías, por lo que este reglamento tasa de forma precisa cuáles son las sanciones que se pueden aplicar a los parlamentarios y sus causas, mientras que deja fuera todo aspecto político y deja en manos de los tribunales para que juzguen a los parlamentarios si cometen algún delito. Es práctica ya habitual dar la autorización o el suplicatorio al Tribunal Supremo para que pueda actuar judicialmente contra los parlamentarios cuando se trata de asuntos ajenos a la política.

En lo que respecta al reglamento y su función sancionadora, que puede llegar a despojar a un diputado de su acta, hay dos causas claras. En primer lugar, que se incurra en incompatibilidad y, por otro, que hagan uso de su condición de diputados para obtener beneficios en actividades mercantiles o financieras.

Tanto en el caso de Ángel Sanchis, ex tesorero del PP, como en el de Carlos Navarro, ex responsable de finanzas del PSOE, no se han podido aportar pruebas que puedan indicar que éstos esgrimieran su condición de diputados en el ejercicio de las actividades mercantiles que llevaron a cabo.

Dirigentes socialistas afirmaron que las responsabilidades políticas en el seno de su partido, "y seguramente en todos", se depuran, y recuerdan que Alfonso Guerra, afectado políticamente por las actividades de su hermano Juan, tuvo que dejar la vicepresidencia del Gobierno, y que Navarro ha abandonado su responsabilidad dentro del grupo parlamentario.

Izquierda Unida, no obstante, continúa en la consideración de que el Parlamento tiene algo que decir en el caso de Carlos Navarro y pretende indagar sobre la actividad verdadera de la empresa Filesa, de la que Navarro fue socio hasta 1988, para probar que incurrió en incompatibilidad, ya que tienen la sospecha de que esa entidad trabajaba para empresas públicas, lo que sí entraría en el listado de incompatibilidades de los diputados.

En aras de conocer la actividad verdadera de Filesa, IU, a través del diputado Ricardo Peralta, ha pedido la comparecencia en la Comisión del Estatuto del Diputado del ex contable Carlos van Schowen y del tío de Navarro, Luis Oliveró, propietario de Malesa.

Comisión

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso y diputado de IU, José Luis Núñez, defendió ayer esta solicitud, que finalmente se ha trasladado a dicha comisión para que su presidente, Alvaro Cuesta, dictamine si es pertinente. No cabe duda de que lo considerará impertinente, toda vez que Cuesta ya dio por sentado hace tres semanas que Navarro no ha incumplido sus obligaciones de parlamentario.

[Los miembros de la Mesa del Senado decidieron ayer por unanimidad iniciar un expediente sancionador contra los tres senadores de HB por su inasistencia a la Cámara, según informó el vicepresidente primero del Senado, Bernardo Bayona. Según el reglamento de la Cámara alta, el senador que reiteradamente dejara de asistir a las sesiones sin haber obtenido licencia de la Mesa podrá ser privado de su asignación por uno o más meses, informa Efe. Los senadores de HB son Íñigo Iruín, José Luis Elcoro y José Luis Álvarez Emparanzal.