Defensa detecto reuniones involucionista tras la matanza de ETA en el cuartel de Vic

Grupos de la residual ultraderecha española están multiplicando sus esfuerzos para atraerse a sectores militares descontentos. Según fuentes castrenses, el Ministerio de Defensa ha detectado reuniones de cariz involucionista tras el atentado del 29 de mayo pasado contra la casa-cuartel de Vic, en el que murieron nueve personas, entre ellas cuatro niñas. El banderín de enganche de la nueva ofensiva es la aplicación de la pena de muerte a los terroristas. Nombres históricos de la extrema derecha aparecen, por otra parte, tras la fundación de un nuevo semanario: La Nación.

"Se dé traslado de este escrito al Presidente del Poder Ejecutivo para que, de acuerdo con el artículo 116.4 de la Constitución, el Gobierno proponga al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio para tan pronto como se produzca un nuevo atentado terrorista". Así concluye una carta remitida a principios de junio por Blas Piñar, líder del Frente Nacional, al presidente del Congreso, Félix Pons.La misiva ha sido enviada a la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja que, tras el verano, la archivará o enviará a la institución correspondiente.

En las mismas fechas en que Defensa detectaba reuniones involucionistas, el Congreso de los Diputados recibió la carta de Blas Piñar, en la que éste exponía con claridad la actual estrategia de la ultraderecha: "La única manera de acabar con los actos terroristas, en el marco de la Constitución, sería la de declarar el estado de sitio, aplicando la pena de muerte".

La argumentación jurídica se basa en que el artículo 15 de la Constitución declara abolida la pena de muerte, "salvo lo que puedan disponer las Leyes Penales Militares para tiempo de guerra"; y en que el artículo 35 de la ley 4/1981 dispone que "el Congreso podrá determinar los delitos que durante su vigencia [del estado de sitio] quedan sometidos a la jurisdicción militar". En su opinión, el Congreso debería declarar el estado de sitio para someter, así, los delitos de terrorismo a la jurisdicción militar.

Estado de sitio

La declaración del estado de sitio -regulada en una ley que fue aprobada en junio de 1981, bajo el efecto psicológico de la intentona golpista del 23-17supone muchas más cosas, aparte de la hipotética aplicación de la pena de muerte. Representa, principalmente, la transferencia a la autoridad milítar de competencias propias de la Administración ordinaria, así corno la suspensión de derechos fundamentales, como por ejemplo las garantías del detenido.

En medios castrenses se estima que la reivindicación de la pena de muerte es un instrumento para implantar, a través del estado de sitio, un poder militar afin a las ideas ultraderechistas.

Ninguna de las fuentes consultadas concede viabilidad a una intentona golpista, y no parece que los residuos extremistas dispongan hoy de apoyos serios.

Sin embargo, los síntomas detectados apuntan a que la ultraderecha trata de ensayar la vía constitucional al golpe de Estado, una presentación aparentemente novedosa de su objetivo tradicional. La diferencia radica en que la pena de muerte es una demanda relativamente extendida, sobre todo en momentos de intensa emotividad como los que siguen a los más brutales atentados.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de junio pasado, revela que el 48% de los españoles se muestra a favor de aplicar la pena capital a los terroristas, frente al 44% que está en contra.

La proporción de los partidarios de la pena de muerte se eleva hasta el 67,6% en el conjunto de los profesionales de las armas y hasta el 72,8% entre generales y jefes, según otro estudio, en este caso el realizada en septiembre de 1988 por la empresa privada Sigma Dos.

Abstención electoral

Esta agitación coincide con el descenso de participación electoral -puesto de relieve en los comicios municipales y autonómicos- y sobre todo con el reverdecer de grupos juveniles, muy minoritarios pero bastante activos.

El más interesante es Nación Joven, que se ha distinguido, en los últimos meses, por la masiva pegada de carteles y realización de pintadas reclamando la puesta en libertad de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, detenido por el atentado en el que resultó muerto el diputado de Herrí Batasuna, Josu Muguruza, y herido el también parlamentario Iñaki Esnaola.