Un informe oficial confirma electrochoques sin control y malos tratos en el psiquiátrico de León

La terapia electroconvulsiva se ha venido utilizando en el hospital psiquiátrico Santa Isabel de León con "excesiva frecuencia", en ningún caso con relajación muscular o anestesia, y sin informar previamente al paciente y su familia. Es una de las conclusiones del informe realizado por la Junta de Castilla y León que también constata la existencia de numerosos pacientes atados con correas a la cama "de forma permanente", día y noche, y que la mayoría de los ingresados el pasado año sólo han sido visitados por el médico en una ocasión

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, será hoy enviado al fiscal, al Defensor del Pueblo, al Colegio de Médicos de León, a la Diputación Provincial y a Caja España, entidad financiera propietaria de dicho centro. De él se desprenden graves irregularidades en el centro médico tanto en materia asistencial como de funcionamiento.La utilización de terapia electroconvulsiva -que se producía en algunos casos a diario- no figura en ninguna orden por escrito, así como sus resultados, que tan sólo se señalaban en un calendario de mesa. Juan Clérigo, director del hospital, dijo en su día a EL PAÍS que el electrochoque sin anestesia "es más eficaz por las convulsiones que produce" y aseguró que esta práctica se realizaba en todos los psiquiátricos de España.

En una muestra de un centenar de historias clínicas de pacientes que ya no se encuentran en el hospital no figuran informes de alta. El 39% sólo refleja que el alta del interno se produjo por "mejoría" o "curación"; en el 33%, la familia o el propio enfermo pidió el alta y en el 18% restante no figura ningún dato. En este último apartado se desconoce qué ha ocurrido con el enfermo.

En otra muestra realizada entre pacientes ingresados entre 1987 y 1988 y que continúan hoy internados, el 34% de ellos carece de seguimiento. La mayoría de los ingresados el pasado año sólo han sido visitados por el médico en una ocasión.

En muchos casos la admisión de los pacientes en el psiquiátrico ha sido firmada por un asistente social, ante la ausencia de los médicos titulares (los cinco psiquiatras del centro, que "incumplen claramente y gravemente el contrato laboral", dice el informe, se negaron a entrevistarse por separado con el jefe de Salud Mental de la Junta, José Antonio de Santiago).

Los inspectores médicos de la Junta pudieron observar la existencia de numerosos pacientes atados con correas a la cama "de forma permanente", día y noche. Algunos de ellos, en la fecha de la primera visita de los responsables del Ejecutivo autónomo, habían cumplido más de un mes en esta situación. Concretamente, el día 19 de junio, en la planta tercera de hombres, con 34 internos, 15 de ellos se encontraban atados de pies y manos.

Camisas de fuerza

También se utilizan camisas de fuerza. Las órdenes para proceder a la "sujeción mecánica" fueron hasta hace poco verbales. La ausencia de programas de rehabilitación y de actividades terapéuticas recreativas hace que los enfermos "pasen todo el tiempo deambulando por pasillos y salas", según se refleja en el informe.

En muchos casos, las órdenes de ingreso y los tratamientos se daban por teléfono. En todas las órdenes farmacológicas se ponía el término sp (si precisa), incluidos los tratamientos fuertes donde "no se puede admitir ambigüedad alguna", dice el informe. En el 50% de las 400 historias clínicas del centro no se refleja el diagnóstico del enfermo.

Éstas son algunas de las irregularidades asistenciales que describe el informe, compuesto por 40 páginas y 17 anexos. En unas duras conclusiones se recoge una serie de normas de obligado cumplimiento para la actualización del centro, así como otra serie de recomendaciones a Caja España, entidad que deberá tener concluida la reestructuración del hospital en la segunda quincena de diciembre. En una de las recomendaciones se cuestiona la conveniencia de que el actual director del hospital, Juan Clérigo, continúe en su cargo.

La Junta exige a Caja España en el informe que vele por los derechos de los pacientes psiquiátricos en numerosos aspectos. A modo de ejemplo se expone que uno de los formularios de ingreso que se utilizan data del año 1931 y fue derogado en 1983. El hospital mantiene un concierto con la Diputación Provincial por el que recibe 3.012 pesetas por paciente y día (unos 480 millones de pesetas al año).

Caja España ha enviado un escrito al Gobierno autónomo donde manifiesta "la voluntad decidida de no continuar con la titularidad del centro y efectuar la transferencia del mismo a la Administración competente, o, en caso contrario, proponer su cierre". El Gobierno de Castilla y León señala en el informe que la inspección del psiquiátrico es resultado de la situación descrita por EL PAÍS el pasado día 13 de junio.